Corte Interamericana de DDHH ordenó el cierre de El Helicoide y responsabilizó al Estado venezolano por el caso de Jorge Rojas Riera

Corte Interamericana de DDHH ordenó el cierre de El Helicoide y responsabilizó al Estado venezolano por el caso de Jorge Rojas Riera.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó este miércoles, 10 de junio, el cierre de El Helicoide, utilizado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como centro penitenciario en Caracas y señalado por diferentes ONG como «centro de tortura», al emitir un fallo por el caso de la detención en ese lugar de un estudiante y condenar por ello al Estado venezolano. 

«La Corte estima pertinente ordenar al Estado que disponga, en un plazo de 18 meses a partir de la notificación de la presente sentencia, el cierre del centro de detención ‘El Helicoide’»,

La Corte argumentó que constató que varias instituciones y organismos internacionales que monitorean la situación de los derechos humanos en Venezuela determinaron que las personas privadas de libertad en El Helicoide fueron sometidas «torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes». 

Corte Interamericana de DDHH ordenó el cierre de El Helicoide y responsabilizó al Estado venezolano por el caso de Jorge Rojas Riera

Asimismo, la Corte IDH declaró responsable al Estado venezolano por «la detención ilegal, la tortura y la persecución política sufridas por Jorge Rojas Riera» durante una protesta en Caracas en el 2003.

Según determinó el tribunal, Rojas Riera participaba en labores de apoyo logístico a una manifestación en la Plaza Francia de Altamira cuando terminó  detenido por agentes de la entonces Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Los mismos actuaron vestidos de civil, sin identificarse y portando armas. 

La Corte concluyó que el operativo impidió al manifestante continuar ejerciendo su derecho a la protesta pacífica. También que la detención se produjo sin fundamento legal suficiente. 

Además, se señaló que nunca fue informado adecuadamente sobre las razones de su arresto. Y, que posteriormente, permaneció en prisión preventiva durante más de tres meses sin una justificación compatible con los estándares internacionales.