Seguridad jurídica define la inversión en Nueva Esparta

En una estructura económica como la del estado Nueva Esparta —donde el régimen de Puerto Libre, el comercio de importación y la industria turística dependen de transacciones constantes con contrapartes nacionales y extranjeras—, la seguridad jurídica trasciende el concepto teórico para convertirse en una variable financiera que se mide en costos, plazos y decisiones de capital.

Seguridad jurídica define la inversión en Nueva Esparta

Así lo sostuvo el abogado Jerjes Dorta Martínez, especialista en Derecho Mercantil y Bancario, Compliance, Prevención de Legitimación de Capitales y Activos Digitales, quien cuenta con tres décadas de trayectoria en el sistema financiero. A su juicio, el actual proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene un impacto directo en la confianza de la banca y el empresariado insular.

«Cuando un banco evalúa un crédito, cuando un fondo analiza una inversión o cuando una empresa firma un contrato de suministro, lo primero que mide es qué ocurre si algo sale mal. La respuesta está en la calidad de sus tribunales. Por eso la conformación del máximo tribunal es una variable económica de primer orden», explicó Dorta Martínez.

Gobierno corporativo y reglas claras en el Poder Judicial

El especialista analizó el baremo publicado el pasado 2 de noviembre por el Comité de Postulaciones Judiciales, una escala de 100 puntos aprobada por unanimidad por sus 23 integrantes (11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil), la cual pondera la formación académica, experiencia docente, ejercicio profesional y trayectoria de los aspirantes.

«Un sistema de evaluación con parámetros públicos y medibles es una práctica que los mercados reconocen. En el mundo financiero lo llamamos gobierno corporativo: reglas conocidas de antemano, criterios verificables y responsabilidad en las decisiones. Ese mismo estándar, aplicado a la justicia, se traduce en previsibilidad», apuntó.

Más allá de los incentivos del Puerto Libre

Dorta Martínez subrayó que el capital institucional y sofisticado no toma decisiones basándose únicamente en los beneficios tributarios de la región.

• Certerza contractual: La garantía de que los acuerdos comerciales se cumplirán y las garantías podrán ejecutarse.
• Celeridad mercantil: La seguridad de que cualquier controversia se resolverá en tiempos razonables.

«El Puerto Libre ofrece ventajas reales, pero quien trae capital evalúa esa certeza judicial. Eso pesa tanto como cualquier exoneración arancelaria», afirmó el jurista.

Impacto en el crédito bancario y activos digitales

El análisis abarca igualmente el dinamismo de la banca y la adopción de nuevas herramientas tecnológicas de pago. Según el experto, la recuperación de cartera, la ejecución de garantías y la validez jurídica de operaciones con activos digitales y stablecoins dependen de criterios judiciales técnicos y consistentes.

Una jurisprudencia estable reduce el riesgo legal, abarata las tasas de financiamiento y facilita el cumplimiento de los estándares internacionales de debida diligencia (KYC/AML). Además, enfatizó que los estándares de excelencia fijados en la cúspide del sistema terminan permeando hacia los tribunales regionales, aliviando los costos de litigios prolongados para el comerciante local.

«La seguridad jurídica es el activo más valioso que puede ofrecer una economía. Una justicia técnica, previsible y evaluada con estándares de excelencia es la mejor carta de presentación de Margarita ante el inversionista nacional e internacional», concluyó.