Desestimar el conflicto, retardos procesales y juzgar a la víctima no ayuda a frenar violencia de género.
El último femicidio ocurrido en el estado Nueva Esparta, la muerte de Yocelin Alarcon, de 38 años a manos de su pareja, enciende nuevamente las alertas sobre la vulnerabilidad de la mujer y la falta de políticas públicas que fortalezcan la sociedad en valores.
Cristina Conti, presidenta de la Fundación Nueva Mujer Margarita, dijo que este nuevo hecho deja ver, no solo que las políticas públicas en materia de género no están resultando, sino que no se están aplicando con una real perspectiva del tema, por lo que el Estado tiene una deuda social importante.
“Los órganos receptores en materia de violencia no actúan con la debida diligencia, así también los retrasos procesales en juicios de violencia contra mujer hace a la víctima sentirse insegura y desamparada. Esta respuesta que también llega a impunidad hace que las víctimas desistan, y lo más grave es que en la mayoría de los femicidios, diría el 98%, la víctima ya había hecho algún tipo de denuncia contra del agresor y no fue procesada con debida diligencia”.
Conti rechaza que aun la tenencia sea juzgar a la mujer por sus actos. “Generalmente se dice que la mujer hizo algo indebido, se juzga su comportamiento y no el del agresor”, dijo, y destacó el caso de la mujer que fue juzgada a 30 años por la muerte de su hijo, presuntamente por descuido y omisión de cuidado, mientras que el asesino cumplirá solo 15 años de prisión.
Insistió en que el Estado debe desarrollar campañas socioeducativas que fortalezcan a las organizaciones feministas y los grupos de comunidad de mujeres que trabajan el tema, porque velan por su orientación, formación y empoderamiento, pero siendo esta una debilidad a las organizaciones se les hace muy cuesta arriba trabajar y educar
