Detalles del expediente de la Fiscalía contra dos directores de la Alcaldía de Baruta, revelados por el portal de investigación Armando.info, han puesto en evidencia la implicación del alcalde Darwin González en la trama de corrupción de Petróleos de Venezuela (PDVSA), mientras que nuevos rumores sobre el estado de salud del exministro Tareck El Aissami han generado incertidumbre sobre el curso de las investigaciones y su paradero. Las primeras detenciones de funcionarios, empresarios y otros implicados se llevaron a cabo en marzo de 2023. El 25 de julio, la Fiscalía informó sobre los juicios de más de 20 detenidos, de un total de 61, relacionados con la trama de corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y el sistema judicial. Desde entonces, ha habido silencio por parte de las autoridades y se desconoce la ubicación física y situación legal de El Aissami.
Desde el 12 de septiembre, circulan rumores en las redes sociales sobre el supuesto fallecimiento de El Aissami en Fuerte Tiuna, lugar que su excompañero de partido, Rafael Isea, ha mencionado como su lugar de «reclusión» desde el inicio del escándalo de corrupción. Algunos rumores mencionan «complicaciones de salud», mientras que otros hablan de un supuesto envenenamiento. Hasta ahora, ninguna autoridad ha desmentido los rumores, aunque una cuenta de la red social X ha afirmado que una fuente de alta credibilidad aseguró que El Aissami se encuentra en buen estado de salud y que los rumores son falsos.
El Aissami renunció a su cargo como ministro del Petróleo el 20 de marzo para colaborar con las investigaciones y desde entonces no ha publicado ningún mensaje en las redes sociales. El diputado Jesús Faría admitió el 4 de mayo que se está investigando la implicación de El Aissami en el desfalco de 5.500 millones de dólares en PDVSA. Hasta el momento, ni el fiscal Tarek William Saab ni otras autoridades se han referido públicamente a los resultados de la investigación ni a la situación legal del exgobernador de Aragua.
Antes de los rumores sobre su estado de salud, se informó en medios internacionales que existe un audio atribuido a El Aissami en el que se dirige al presidente Nicolás Maduro para «negociar» su situación y la de algunos de sus allegados. También habría solicitado «medidas de protección» por temor a sufrir daños o represalias a cambio de revelar claves para liberar fondos del Estado en criptomonedas que estarían en su poder. No se conoce la fecha exacta del mensaje de voz.
El 3 de septiembre, el portal de investigación Armando.info publicó un reportaje en el que se revelan más detalles sobre la trama de corrupción en PDVSA. Se trata del expediente de la Fiscalía contra los directores de la Alcaldía de Baruta, Harold Sosa y Juan Carlos Posner, detenidos en abril. En el expediente se citan supuestas conversaciones comprometedoras vía Whatsapp entre el alcalde y uno de los dueños de la constructora HP, Rafael Perdomo, también involucrado en el escándalo de corrupción de PDVSA. Además, se acusa a los funcionarios de recibir sobornos a cambio de otorgar permisos de construcción a la empresa HP para levantar edificaciones de lujo en la urbanización Las Mercedes, lo cual habría sido utilizado para lavar dinero con los fondos sustraídos de la estatal petrolera. El alcalde de Baruta negó los señalamientos en una declaración el 7 de septiembre.
En paralelo al caso de PDVSA, se destaparon otras tramas de corrupción en la CVG, el sistema judicial y Cartones de Venezuela, lo que llevó a la detención de 61 personas. Hace casi dos meses, se conoció que más de 20 personas fueron llevadas a juicio a petición del Ministerio Público, pero no se reveló en qué red de corrupción estaban implicadas ni si el resto de los detenidos siguen privados de libertad o fueron excarcelados. No se ha confirmado el lugar de reclusión de los detenidos, aunque se ha mencionado extraoficialmente la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sede Plaza Venezuela.
Entre los funcionarios y empresarios que pasaron a juicio se encuentran José Antonio Pérez Suárez, Yamil Martínez, Heinrich Chapellín, José Ramos Chirinos, Odoardo José Bordones, Jesús Salazar, Joselit Ramírez, Rajiv Mosqueda, Renny Barrientos, Hugbel Roa, Olvany Gaspari, Manuel Meneses, Roger Ramírez, Juan Manuel Afonso López, Rafael Perdomo, Roger Perdomo, Vicente Perdomo, Daniel Prieto, Kristhonfer Barrios, Johana Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Ximena Parada, Fernando Bermúdez, Eduardo Noriega, José Luis Ferrandiz, Railín Elizabeth Yépez, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño, Leonardo Enrique Torres y Yuravic del Valle Ravelo.
En relación a los casos de sobornos a cambio de la liberación de delincuentes, en los que están implicados jueces venezolanos, la Fiscalía también solicitó el juicio contra Cristóbal Cornieles y José Mascimino Márquez García, asociados con la banda hamponil el Tren del Llano. La ONG Transparencia Venezuela ha señalado que la Fiscalía no ha proporcionado información adecuada sobre la investigación en curso ni sobre los recursos del Estado comprometidos. Además, ha recordado que la fase de averiguaciones, que dura 45 días continuos, ya ha pasado y ha instado a que se acelere el proceso. El 28 de agosto, el gobierno de Maduro designó una nueva junta directiva de PDVSA, encabezada por Pedro Tellechea como presidente y Héctor Obregón como vicepresidente. No se ha hablado de la responsabilidad de otros miembros de las directivas anteriores de PDVSA ni se les ha incluido en las investigaciones. En la CVG, el presidente Pedro Maldonado y ocho directivos fueron detenidos a finales de marzo.
