El partido político Vente Venezuela, encabezado por la candidata presidencial de oposición María Corina Machado, emitió un comunicado el día de hoy exigiendo la liberación de tres de sus colaboradores que fueron “secuestrados” el pasado 23 de enero por lo que ellos denominan “cuerpos represores del régimen”, refiriéndose al Gobierno de Nicolás Maduro.
El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela señaló que hoy se cumple un mes desde el “secuestro” de Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López, quienes son los responsables del comando de campaña de la exdiputada en los estados Yaracuy, La Guaira y Trujillo, respectivamente.
Tras ser detenidos de manera arbitraria y sin una orden judicial, según la formación antichavista, los tres dirigentes de Vente Venezuela fueron víctimas de una “desaparición forzada durante 27 días”, además de ser “criminalizados a través de las redes sociales por voceros del régimen”.
Según Vente Venezuela, se les negó el derecho al debido proceso y no se les permitió comunicarse con sus familiares ni abogados de confianza.
Qué sucedió con los dirigentes de Vente Venezuela
El partido indicó que Camacaro, Freites y López han sido víctimas de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos por parte del régimen, el cual ha sido dirigido contra dirigentes políticos, líderes sociales, activistas de derechos humanos y sociedad civil que han alzado la voz en defensa de la democracia.
Vente Venezuela mencionó casos como el del sindicalista Víctor Venegas, seguidor de Machado, y el de la activista Rocío San Miguel, detenidos este año, alegando que son “criminalizados por un Maduro represor que viola sistemáticamente los derechos humanos”. El partido también demandó la liberación de estos ciudadanos.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 264 “presos políticos”, uno más que en el reporte anterior difundido hace una semana.
En enero pasado, el Gobierno chavista activó el plan “Furia Bolivariana” tras denunciar conspiraciones que incluían el asesinato del presidente, como medida para defender el derecho a la paz. Sin embargo, esta acción ha generado preocupación en ONG, opositores y expertos, quienes alertan sobre un posible recrudecimiento de la represión y persecución política a pocos meses de las elecciones presidenciales, las cuales aún no tienen fecha definida.