El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha declarado admisible la querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el marco del caso “Operación Topógrafo”, la cual alega tráfico de influencias.
Esta acción judicial se basa en un reportaje de CIPER que reveló conversaciones sugiriendo gestiones irregulares en el nombramiento de ministros de la Corte Suprema.
La querella ha generado críticas, especialmente por parte de diputados de la oposición, quienes cuestionan la legitimidad activa de los consejeros del INDH para interponer esta acción judicial. A pesar de ello, la querella busca responsabilizar a quienes hayan incurrido en el delito de tráfico de influencias.
Según el reportaje de CIPER, el juez Juan Poblete, conocido por autorizar interceptaciones telefónicas ilegales de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), habría solicitado apoyo al exministro de Gobierno, Mario Desbordes, para la candidatura de María Teresa Letelier como ministra de la Corte Suprema. Ante estas acusaciones, Desbordes ha defendido su actuación, argumentando que no hubo nada ilegal ni ilícito en su accionar.
El candidato a alcalde por Santiago también ha salido al paso, asegurando que no hubo intervención indebida en el Poder Judicial ni en el Ejecutivo. Según él, la solicitud de ayuda por parte del juez Poblete para la candidatura de Letelier era algo completamente normal y no implicaba prácticas de lobby u ocultamiento.
La admisibilidad de esta querella marca un hito en el desarrollo del caso “Operación Topógrafo”, y se espera que arroje luz sobre presuntas prácticas irregulares en el proceso de nombramiento de ministros de la Corte Suprema. El INDH continuará con su labor en defensa de los derechos humanos, buscando que se esclarezcan estos hechos y se sancione a los responsables.
