Un total de veintidós países, incluida España, junto con la Unión Europea, han solicitado de manera conjunta la publicación inmediata de todas las actas originales de las elecciones celebradas el 28 de julio en Venezuela. También han exigido una verificación imparcial e independiente de los resultados de dichos comicios, en los cuales el Consejo Nacional Electoral proclamó como ganador a Nicolás Maduro. Esta declaración fue suscrita en Santo Domingo y leída por el ministro de Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, en el Palacio Presidencial de la ciudad.
La demora en la verificación de los resultados, preferiblemente a través de una entidad internacional, pone en tela de juicio la legitimidad de los resultados oficiales publicados. Los firmantes de la declaración expresaron su rechazo a la represión contra los manifestantes postelectorales y solicitaron a las autoridades de Caracas poner fin a la violencia y liberar a todos los detenidos durante las protestas.
Argentina, Canadá, Chile, República Checa, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Guyana, Italia, Marruecos, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, Surinam, Portugal, República Dominicana, Uruguay y la Unión Europea figuran como firmantes de esta declaración. En un momento crucial para Venezuela y la región, se insta a todos los actores sociales y políticos a actuar con prudencia en sus acciones públicas.
Los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales de los venezolanos, incluido el derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de expresión, deben ser respetados. La situación actual en Venezuela, marcada por detenciones arbitrarias y falta de debido proceso, es alarmante, por lo que se exige la liberación inmediata de los detenidos.
Además, se rechaza enérgicamente la represión de manifestantes y la violencia que ha cobrado vidas en el contexto postelectoral. Las autoridades venezolanas son instadas a poner fin a la violencia, liberar a los detenidos y permitir el regreso de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al país.
En el marco de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, se pide a Venezuela expedir salvoconductos para que las personas asiladas en la residencia oficial de Argentina puedan abandonar el territorio venezolano de manera segura.
Se hace un llamado a un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que promueva la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela. Los firmantes se comprometen a apoyar todos los esfuerzos en este sentido, abogando por una solución genuinamente venezolana que priorice la democracia, la justicia, la paz y la seguridad.
Esta declaración se emite en Santo Domingo, dada la presencia de numerosos líderes y representantes de países e instituciones de todo el mundo durante la toma de posesión del presidente dominicano, Luis Abinader, para su segundo y último mandato.
El 31 de julio, 17 países votaron a favor de una resolución en la Organización de los Estados Americanos (OEA) que pedía la publicación inmediata de las actas electorales en Venezuela, aunque la iniciativa no prosperó finalmente. Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay fueron los países que apoyaron la resolución.
Con información de efectococuyo.com
