La abogada María Alejandra Díaz Marín ha denunciado lo que considera un abuso y una extralimitación por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta entidad no solo rechazó un recurso de amparo relacionado con las elecciones del 28 de julio, sino que también impuso una multa a la abogada por presentar la petición ante el máximo juzgado.
Según Díaz Marín, esta sentencia, identificada como número 0603, representa una clara advertencia al ejercicio libre de la política. La multa impuesta a la abogada equivale a 100 veces el monto de la tasa más alta publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela, siendo el euro la moneda de referencia. En este caso, la cifra asciende a 4.740,13 euros, tomando como referencia la tasa del día miércoles 6 de noviembre.
Además de la multa, la Sala Constitucional dio a Díaz Marín un plazo de cinco días hábiles para realizar el pago. En caso de incumplimiento, el monto podría incrementarse entre un tercio y la mitad de la cantidad fijada inicialmente. Además, se solicitó al Colegio de Abogados de Distrito Capital iniciar un procedimiento disciplinario contra la abogada, quien también fue suspendida del ejercicio legal de la profesión.
La abogada actuó en representación del Frente Democrático Popular (FDP), una coalición de diversos partidos políticos y personalidades vinculadas con el chavismo disidente. Este grupo presentó un recurso ante el TSJ para solicitar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicara los resultados detallados de la elección presidencial del 28 de julio.
Los 4 argumentos de la abogada ante la multa y sanción del TSJ
Ante las medidas impuestas por el TSJ, Díaz Marín respondió con los siguientes argumentos:
- Es legal y constitucional el ejercicio de derechos.
- Los accionantes no generaron zozobra, simplemente están solicitando el cumplimiento de sentencias previas.
- La sanción impuesta es desproporcionada y se extralimita, vulnerando el derecho al trabajo y al ejercicio libre de la profesión.
- El ejercicio profesional es vital para su sustento y el de su familia, por lo que considera injustas las medidas tomadas en su contra.
En sus declaraciones, Díaz Marín cuestionó la aplicación de sanciones tan severas a profesionales del derecho que defienden causas políticas y sociales, argumentando que esto podría desincentivar a otros abogados a defender este tipo de casos en instancias constitucionales.
