El artículo 130 de la Constitución establece que los venezolanos tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, así como resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación.
El chavismo madurismo se aferra a este deber constitucional para proponer castigos contra aquellos que se consideren no defienden a la patria ni la soberanía nacional. Según altos voceros como Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, esto incluye promover sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro y la economía venezolana, así como contra aquellos que no reconozcan al gobernante como presidente reelecto el 28 de julio.
Parte de estos castigos estarían contenidos en las reformas electorales que se discuten en la Asamblea Nacional desde el 2 de octubre de 2020, con el objetivo de impedir que “fascistas” puedan competir en elecciones, según declaraciones del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
También el 131
En la comisión de diálogo de la AN se están abordando los cambios necesarios, incluyendo propuestas de desarrollo del artículo 130 de la Carta Magna. Asimismo, se busca relacionar este artículo con el 131, que establece el deber de cumplir y acatar la Constitución, las leyes y los actos dictados por los órganos del Poder Público.
Estas reformas buscan obligar al reconocimiento de los Poderes Públicos y las instituciones venezolanas, que según la oposición están subordinadas a los intereses del gobierno nacional y su partido Psuv. El propósito es que aquellos que no acaten estos deberes constitucionales no puedan participar en procesos electorales.
“El que incumpla no va”
Una de las propuestas en discusión es la prohibición expresa de postularse para un cargo de elección popular a aquellos que no cumplan con el deber establecido en el artículo 130. Además, se contempla la posibilidad de impugnar una candidatura presentada por este motivo.
Estas medidas se sumarían a las restricciones ya establecidas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que prohíben ciertas postulaciones simultáneas y establecen requisitos y condiciones para postularse a cargos de elección popular.
“Uso peligroso”
Abogados constitucionalistas han expresado su preocupación por el uso “ideologizado” del artículo 130 de la Constitución en una propuesta discriminatoria que favorece un pensamiento político sobre otro. Advierten que estas reformas podrían violar derechos políticos como el sufragio activo y pasivo, y ser inconstitucionales.
Las inhabilitaciones políticas han sido utilizadas frecuentemente contra opositores en Venezuela, lo que ha generado controversia en torno a las reformas electorales propuestas por la AN de 2020.
Ante estas críticas, el diputado Martínez ha manifestado que es necesario esperar a que las propuestas estén redactadas definitivamente antes de emitir opiniones al respecto.
