El embajador de Argentina en La Haya, Mario Oyarzabal, expresó su rechazo a la posibilidad de que se concediera a Venezuela el derecho al voto en la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esta decisión se tomó a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro acumula una deuda de 14.1 millones de euros desde 2018.
Durante la reunión celebrada en La Haya, el representante de Nicolás Maduro justificó la mora alegando las sanciones internacionales impuestas a los funcionarios venezolanos. Sin embargo, este precedente generó preocupación entre los Estados miembros, lo que llevó a la Asamblea a decidir revisar los criterios para otorgar el derecho al voto a países en situación de mora para el año 2025.
Según Provea, una organización no gubernamental, una mora superior a dos años lleva a la suspensión del derecho al voto en la Asamblea de Estados Parte, en conformidad con el artículo 112(8) del Estatuto de Roma.
Por otro lado, Argentina respaldó a las víctimas y la justicia internacional en este contexto. Provea detalló que el otro Estado moroso al que se le concedió el derecho al voto fue Liberia, que solo debe 16,524 euros desde diciembre de 2022.
El embajador argentino agradeció el respaldo internacional en favor de las víctimas y la justicia, destacando la importancia de aplicar rigurosamente las disposiciones del Estatuto. Su intervención resaltó la necesidad de mantener la integridad del sistema de justicia internacional frente a posibles irregularidades.
