El gobierno de Nicolás Maduro rechazó el informe emitido por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el que se denuncian y rechazan las detenciones arbitrarias en Venezuela, intensificadas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. El comunicado, difundido por el canciller venezolano Yván Gil, señala que el texto carece de sustento y objetividad, evidenciando la subordinación del Alto Comisionado a los intereses estadounidenses y su uso como herramienta política contra Venezuela.
En respuesta, el gobierno venezolano denunció a Türk por sus acciones en otros conflictos internacionales y lo acusó de repetir la narrativa de la extrema derecha venezolana. Además, se criticó a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU por ignorar las acciones violentas financiadas desde el exterior y por no reconocer los esfuerzos del país para garantizar derechos y proteger su soberanía.
El comunicado oficial también rechazó los ataques contra leyes legítimas en Venezuela, como la Ley de ONG y la Ley contra el Bloqueo Imperialista, que buscan proteger al país de actividades desestabilizadoras. Se destacó la actuación de las instituciones venezolanas con estricto respeto a la ley y se reiteró la soberanía del Estado frente a cualquier intento de injerencia extranjera.
En otra instancia, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió la liberación de los detenidos arbitrariamente en Venezuela, alertando sobre el uso de leyes para perseguir a la oposición y el posible impacto en las libertades fundamentales. Se expresó preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza y la violencia durante las protestas poselectorales, instando a garantizar un juicio justo y la liberación de todas las personas detenidas ilegalmente.
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