Entidades supervisoras de los activos de Venezuela en el exterior consideran presentar esta semana una propuesta a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, para extender el vencimiento de bonos impagos, según informó el titular de una de las juntas supervisoras.
La propuesta a los bonistas, que permitiría las negociaciones de pago y los esfuerzos de reestructuración de la deuda, sería similar a un plan presentado en marzo por el gobierno venezolano y la estatal petrolera PDVSA para suspender la prescripción de los bonos hasta 2028 o hasta que se levanten las sanciones estadounidenses, según un informe de Reuters.
El Parlamento, liderado por la oposición, nombró en 2019 y 2023 instancias para proteger los activos de Venezuela en el exterior. La Asamblea Nacional, reconocida por Estados Unidos, tiene una licencia del Departamento del Tesoro para llevar a cabo acuerdos de conciliación de deuda.
Dado que la administración de Nicolás Maduro no es reconocida por Washington, la propuesta del gobierno venezolano no tuvo mayores avances. Cualquier plan equivalente de la Asamblea Nacional liderada por la oposición deberá recibir la aprobación de Estados Unidos.
“Debe haber una declaración conjunta sobre la validez de los bonos por parte del Comité de Administración y Protección de Activos de Venezuela y la junta ad-hoc de PDVSA, lo que podría suceder esta semana”, dijo Horacio Medina, quien encabeza la junta ad-hoc de PDVSA.
Si se aprueba la propuesta, el Parlamento permitiría negociaciones para extender la validez de los bonos por cinco años más, según una fuente involucrada en las conversaciones.
Por otro lado, la junta ad hoc de PDVSA está negociando desde el año pasado con un grupo reducido de acreedores para explorar opciones de pago y evitar una subasta de acciones en una de las empresas matrices del refinador venezolano Citgo Petroleum.
El mes pasado, un juez de Delaware dio prioridad a Crystallex International para cobrar sus deudas en la subasta y otorgó a la petrolera ConocoPhillips una posición “cerca del comienzo de la fila”.
La mayoría de los tenedores de bonos no tendrán suficiente tiempo para tomar medidas legales y registrar adjudicaciones en Delaware antes de noviembre para participar en la subasta.
La deuda de Venezuela y PDVSA supera los 60.000 millones de dólares. La administración de Maduro dejó de pagar a los bonistas a finales de 2017 y en octubre de este año cumplirá seis años sin realizar pagos, lo que aumenta los riesgos de demandas.
Fuente: Reuters
