La Procuraduría General de Brasil (Fiscalía) solicitó el lunes la pena máxima de 30 años de cárcel para los primeros 40 acusados de participar en el asalto a las sedes de los tres poderes de la nación durante el intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero.
En un documento enviado a la Corte Suprema, que será la encargada de juzgar estos actos, la Procuraduría afirma haber comprobado tanto la “materialidad” como la “autoría” de al menos cinco delitos por parte de estos primeros 40 acusados.
Estos delitos incluyen “asociación criminal armada”, “abolición violenta del Estado democrático de derecho”, “golpe de Estado”, “daño calificado y grave amenaza” y “deterioro de patrimonio público”. Según el Código Penal, en conjunto, estos delitos conllevan una pena máxima de 30 años de reclusión, que es la máxima contemplada por las leyes del país, según se indica en el documento.
La Corte Suprema ya ha aceptado las denuncias presentadas contra 1.290 personas, la mayoría de las cuales participaron directamente en los violentos sucesos del 8 de enero, cuando miles de activistas de ultraderecha asaltaron simultáneamente las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el tribunal.
Según la investigación, este violento ataque contra la democracia tenía como objetivo incitar a las Fuerzas Armadas a derrocar al Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder izquierdista que había asumido el poder ocho días antes.
La mayoría de los participantes en el asalto estaban alineados ideológicamente con el exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, quien fue derrotado por Lula en las elecciones de octubre del año pasado y se negó a reconocer el resultado.
Documentos comprometedores del bolsonarismo
El exministro Anderson Torres, un firme aliado del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, no pudo explicar el martes ante una comisión parlamentaria un documento encontrado en su casa que daba apariencia de legalidad a un posible golpe después de las elecciones de 2022.
Torres, en libertad vigilada después de pasar cuatro meses en prisión por su presunta participación en la trama que llevó al asalto del pasado 8 de enero, compareció ante una comisión parlamentaria que investiga estos sucesos, que según la Justicia intentaban forzar un golpe contra el Gobierno del progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
Uno de los aspectos que complican más la situación del exministro es un borrador de un decreto para anular las elecciones de octubre pasado, intervenir el Poder Judicial y mantener a Bolsonaro en el poder, a pesar de haber sido derrotado por Lula en esas elecciones.
La Policía encontró el documento en la casa de Torres en el marco de las investigaciones sobre lo ocurrido el 8 de enero, mientras el exministro estaba de vacaciones en Estados Unidos, adonde había viajado dos días antes del intento de golpe.
Torres admitió ante los parlamentarios la existencia de este “papel”, pero no pudo decir cómo llegó a sus manos. “No sé quién me entregó ese documento apócrifo y desconozco cómo fue redactado”, declaró el exministro de Justicia y Seguridad.
A pesar de esto, minimizó la importancia de este borrador, lo calificó de “aberración jurídica” y aseguró que lo guardó junto con otros “papeles” sin “ningún valor” que posteriormente destruiría.
