El jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional (PNP), el general Óscar Arriola, ha pedido al Poder Judicial que se pronuncie “a favor de las víctimas” de la delincuencia organizada y no “de las garantías” de los procesados, quienes, según él, “no merecen derechos humanos”.
Esta petición se produce después de que la jueza Nathaly Acosta rechazara dictar prisión preventiva contra 18 presuntos integrantes del Tren de Aragua, una banda criminal extendida por Chile, Perú, Colombia y Bolivia.
Arriola ha criticado la decisión de la magistrada, argumentando que los jueces deben ser independientes y fallar con intuición, conocimiento, experiencia y ponderación de hechos. Además, ha afirmado que los procesados no merecen que se les respeten los derechos humanos, aunque posteriormente ha retractado esta afirmación.
La abogada Josefina Miró Quesada ha calificado esta postura como “peligrosísima”, ya que los derechos son inherentes a la persona y no se pueden determinar a priori quiénes merecen derechos humanos sin garantías y debido proceso.
En la misma entrevista, Arriola ha señalado que al menos once bandas extranjeras operan en el país y tienen controladas 33 plazas en 14 distritos.
Además, ha mencionado que en los 2.800 penales del país hay recluidos unos 350 miembros de la megabanda Tren de Aragua, que solo en la capital reúne alrededor de un millón de soles al mes en las diez plazas de prostitución sobre las que ejercen dominio.
Esta semana, el presidente del Poder Judicial y la Corte Suprema, Javier Arévalo, y el premier Alberto Otárola han planteado la posibilidad de aplicar en el país algunas medidas adoptadas por el líder salvadoreño, Nayib Bukele, para combatir la delincuencia.
Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte ha señalado que cada país tiene su particularidad y que los peruanos deben “tejer su propia historia”.
