Las autoridades venezolanas están investigando la elección primaria opositora del pasado 22 de octubre debido al apoyo masivo que recibió este evento ciudadano. El fiscal general de la república, Tarek William Saab, anunció una investigación sobre Jesús María Casal y Mildred Camero, presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), respectivamente. Se les acusa de delitos como usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Sin embargo, expertos en derecho han afirmado que estas acusaciones carecen de fundamento. Los abogados señalan que las motivaciones para esta investigación son políticas, no jurídicas. La investigación fue anunciada después de que Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez hablaran sobre la elección primaria opositora.
El codirector de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, afirma que las declaraciones de Tarek William Saab carecen de fundamento jurídico. Daniels explica que la acusación de usurpación de funciones no se sostiene, ya que los representantes de la CNP nunca han afirmado actuar en nombre del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La abogada Andrea Santacruz también sostiene que las acusaciones carecen de base legal. Santacruz afirma que la calidad de investigados no está establecida en el ordenamiento jurídico y que los hechos citados por Saab no revisten carácter penal ni son ilegales e inconstitucionales. Además, Santacruz señala que la primaria no es una elección interna de un partido político, y que no está regulada en la constitución ni en el resto del ordenamiento nacional.
En cuanto a otros presuntos delitos, Daniels explica que la usurpación de identidad no ocurrió y que si alguna persona se hizo pasar por otra, el responsable es el individuo, no la CNP. Sobre los delitos de asociación para delinquir y legitimación de capitales, Santacruz afirma que no se cumplen los requisitos legales establecidos.
En resumen, expertos en derecho señalan que las acusaciones contra los representantes de la CNP carecen de fundamento jurídico y tienen motivaciones políticas. Además, afirman que la primaria opositora no está regulada legalmente y que las acusaciones de usurpación de funciones y usurpación de identidad no se sostienen. Por lo tanto, consideran que esta investigación es una instrumentalización del sistema de justicia para perseguir políticamente a los opositores.
