María Corina Machado, candidata opositora a la presidencia, ha reafirmado su compromiso de cumplir el mandato otorgado por los venezolanos el pasado 22 de octubre, cuando fue elegida como abanderada con más de 2 millones de votos. A una semana de la consulta de la plataforma unitaria democrática, Machado ha compartido en sus redes sociales un mensaje de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el cual se insta al gobierno de Nicolás Maduro a respetar este proceso y se condena su judicialización.
La CIDH y la Relatoría de la Libertad de Expresión han expresado su rechazo a esta investigación, argumentando que va en contra de los acuerdos alcanzados en Barbados y tiene un efecto desalentador en la participación política. El secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también ha hecho un llamado al gobierno de Maduro para que respete los acuerdos de garantías políticas y electorales firmados en Bridgetown el 17 de octubre.
Machado ha reiterado su compromiso de cumplir el mandato otorgado por más de 2 millones de venezolanos que la respaldaron en la consulta interna opositora. Su objetivo es asegurar que todos los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, puedan elegir en las elecciones presidenciales del 2024.
En otro tema relacionado, el Ministerio Público ha anunciado una investigación contra los responsables de las primarias, incluyendo al presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal y Mildred Camero, respectivamente, así como a Roberto Abdul, coordinador de Súmate y miembro del equipo organizador, y a los coordinadores regionales del proceso en los 24 estados del país. El Ministerio Público acusa a este grupo de personas de varios delitos relacionados con la realización de las primarias, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas de fraude.
Según el titular del Ministerio Público, durante el proceso en el que más de 2 millones de venezolanos eligieron a María Corina Machado como candidata presidencial para las elecciones del 2024, se cometieron los delitos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
