en el contexto político venezolano: agenda legislativa y negociaciones internacionales
Finalizando 2024, año de elecciones presidenciales, el chavismo con mayoría en la Asamblea Nacional (AN) amenazó con aprobar más leyes que, de acuerdo con defensores de derechos humanos, abonan a la persecución política, entre ellas la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, propuesta por Miraflores. También se había reactivado la comisión de diálogo para tratar el cronograma electoral 2025 y retomar las reformas de las leyes relacionadas con los comicios en el país.
Pero la directiva de la AN, presidida por Jorge Rodríguez, pisó el freno con la agenda legislativa 2025. Apenas el 11 de febrero se dio a conocer el plan de leyes del último año del actual parlamento electo en los cuestionados comicios de 2020, sin mayores avances. Además de la Ley contra el Fascismo –aprobada en primera discusión el 2 de abril de 2024– se incluyó la Ley de Cooperación Internacional, de la cual se teme venga a complicar aún más el trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Venezuela. La cúpula del chavismo, observan politólogos, se mueve “tácticamente” en el contexto de las conversaciones con Estados Unidos.
Se preparan para la negociación
El politólogo Piero Trepiccione cree que la cúpula roja procura “ganar” más “fichas” de cara a una negociación política más amplia que le permita sortear las sanciones internacionales, de allí que, afirma, acciones que incluyen la agenda legislativa se ven afectadas por la relación con el gobierno de Donald Trump. Asimismo, considera que influyen evaluaciones internas de cara a las elecciones regionales y parlamentarias.
“Hay una convocatoria abierta para elegir gobernadores, diputados regionales y nacionales que ha estado sujeta a cambios y un proceso interno en el Psuv para evaluar sus candidaturas, lo cual implica repartir cuotas a lo interno y con los aliados. Es un debate abierto que tiene su impacto en el funcionamiento de la AN que finaliza su periodo en diciembre y se está viendo quienes repiten y quienes no”, señaló.
En lo que va de año, solo ha sido sancionada la Ley del Sistema Tributario del Distrito Capital, el pasado 18 de marzo. También se convirtió en ley el programa de gobierno de Nicolás Maduro, el pasado 13 de febrero. Otra ley de corte social: Ley Orgánica de la Juventud José Félix Ribas fue aprobada en primera discusión entre febrero y marzo, por lo que hasta ahora se han dejado de lado los instrumentos de mayor impacto político.
“La ralentización de la agenda legislativa parece responder a factores tácticos. Aunque las negociaciones con EE.UU. han girado ostensiblemente en torno al problema migratorio, avanzar en reformas innecesarias podría generar costos políticos evitables. Además, en un año electoral, el oficialismo podría estar evitando iniciativas que movilicen a sectores descontentos o incomoden a aliados”, considera el politólogo Guillermo Tell Aveledo.
Hasta ahora, la agenda de las sesiones ordinarias han sido acaparadas en su mayoría por la aprobación de acuerdos relacionados con la detención de migrantes venezolanos en El Salvador, la revocatoria de la licencia de Chevron en Venezuela por parte del gobierno de EEUU, el llamado a elecciones por parte del Poder Electoral y otros temas como la canonización del Dr. Jose Gregorio Hernandez y los 12 años del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez, además del mensaje anual de Maduro del 15 de enero.
“Otra arista que afecta el desempeño de la AN son las negociaciones, hasta ahora con peso bilateral, entre Washington y Caracas, pero las partes se preparan para abrir una negociación con factores políticos opositores incorporados. Hay movimientos asociados a Edmundo Gonzalez y María Corina Machado, se visualizan nombres, actores que pudieran estar inmersos en esas negociaciones que serán más complejas y más duras que las anteriores”, advirtió Trepiccione.
La carta de la reforma constitucional
Además de ser el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez es el representante de Miraflores en las conversaciones directas con el gobierno de Trump. También fue el jefe de la delegación que negoció con la Plataforma Unitaria en México con la mediación de Noruega y firmó el Acuerdo de Barbados en 2023 que suponía el respeto a los resultados electorales del 28 de julio de 2024. A Rodríguez se le ha visto más activo fuera del hemiciclo en su labor negociadora y en ruedas de prensa para rechazar el traslado de 238 venezolanos a una megacárcel de El Salvador y más sanciones internacionales de EEUU, sin fustigar a Trump directamente.
Al aprobarse el plan legislativo 2025, el exministro de Comunicación e Información de Maduro advirtió a los diputados que debían compaginar el trabajo parlamentario con la campaña electoral, en el caso de los que serán candidatos y la evaluación de la reforma constitucional, cuyo proyecto debe ser entregado el 15 de mayo a la AN, por parte de la comisión especial designada por el mandatario.
Pero a juzgar por la “escasez” de notas de prensa en el portal de la AN de 2020, sobre las reuniones de las comisiones legislativas que deben ser los miércoles, el trabajo legislativo no abunda al igual que la información oficial sobre los cambios a la Carta Magna de 1999.
“La reforma constitucional es uno de los movimientos tácticos para proponer una negociación, una herramienta para incorporar porque todo se puede negociar, el cronograma electoral, la reforma. Por ello veremos cómo se irán poniendo los temas en la palestra, con algunos se acelerará y con otros se desacelerará. Son fichas de ajedrez para cuando toque hacer una jugada maestra como lo han sido también los presos políticos”, aseveró Trepiccione.
Advirtió que dichas “jugadas” no se verán claras hasta que se produzca la esperada reactivación de las negociaciones, de las que hasta ahora solo se sabe que hay intentos. De momento, observó, las conversaciones parecen centradas en el tema petrolero y migratorio, pero reiteró que puede variar.
“El ritmo de las decisiones políticas estará atado a cómo vaya evolucionando un nuevo proceso de negociación. Veremos con que se acelerará, que irá más lento, que temas se ponen y cuáles se quitan”, añadió Trepiccione.
Para Aveledo, quizás el chavismo, en lugar de aprobar más leyes polémicas, haga énfasis en su último año en la anunciada reforma constitucional, de la cual, subrayó, se conocen pocos detalles.
“Quizás, en lugar de aprobar nuevas leyes, el objetivo sea establecer un nuevo marco institucional que las contenga” añadió.
En lo que va de 2025, la AN sólo ha sancionado la Ley del Sistema Tributario del Distrito Capital
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En este artículo se analiza la situación política en Venezuela, específicamente en relación con la agenda legislativa de la Asamblea Nacional y las negociaciones internacionales en curso. Se destaca el papel estratégico que juegan las leyes propuestas, así como la importancia de la reforma constitucional como herramienta para posibles negociaciones futuras. La incertidumbre en torno a la evolución de las conversaciones y las posibles implicaciones para el país son aspectos clave a considerar en este escenario político complejo.
Finalizando 2024, año de elecciones presidenciales, el chavismo con mayoría en la Asamblea Nacional (AN) amenazó con aprobar más leyes que, de acuerdo con defensores de derechos humanos, abonan a la persecución política, entre ellas la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, propuesta por Miraflores. También se había reactivado la comisión de diálogo para tratar el cronograma electoral 2025 y retomar las reformas de las leyes relacionadas con los comicios en el país.
Pero la directiva de la AN, presidida por Jorge Rodríguez, pisó el freno con la agenda legislativa 2025. Apenas el 11 de febrero se dio a conocer el plan de leyes del último año del actual parlamento electo en los cuestionados comicios de 2020, sin mayores avances. Además de la Ley contra el Fascismo –aprobada en primera discusión el 2 de abril de 2024– se incluyó la Ley de Cooperación Internacional, de la cual se teme venga a complicar aún más el trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Venezuela. La cúpula del chavismo, observan politólogos, se mueve “tácticamente” en el contexto de las conversaciones con Estados Unidos.
Se preparan para la negociación
El politólogo Piero Trepiccione cree que la cúpula roja procura “ganar” más “fichas” de cara a una negociación política más amplia que le permita sortear las sanciones internacionales, de allí que, afirma, acciones que incluyen la agenda legislativa se ven afectadas por la relación con el gobierno de Donald Trump. Asimismo, considera que influyen evaluaciones internas de cara a las elecciones regionales y parlamentarias.
“Hay una convocatoria abierta para elegir gobernadores, diputados regionales y nacionales que ha estado sujeta a cambios y un proceso interno en el Psuv para evaluar sus candidaturas, lo cual implica repartir cuotas a lo interno y con los aliados. Es un debate abierto que tiene su impacto en el funcionamiento de la AN que finaliza su periodo en diciembre y se está viendo quienes repiten y quienes no”, señaló.
En lo que va de año, solo ha sido sancionada la Ley del Sistema Tributario del Distrito Capital, el pasado 18 de marzo. También se convirtió en ley el programa de gobierno de Nicolás Maduro, el pasado 13 de febrero. Otra ley de corte social: Ley Orgánica de la Juventud José Félix Ribas fue aprobada en primera discusión entre febrero y marzo, por lo que hasta ahora se han dejado de lado los instrumentos de mayor impacto político.
“La ralentización de la agenda legislativa parece responder a factores tácticos. Aunque las negociaciones con EE.UU. han girado ostensiblemente en torno al problema migratorio, avanzar en reformas innecesarias podría generar costos políticos evitables. Además, en un año electoral, el oficialismo podría estar evitando iniciativas que movilicen a sectores descontentos o incomoden a aliados”, considera el politólogo Guillermo Tell Aveledo.
Hasta ahora, la agenda de las sesiones ordinarias han sido acaparadas en su mayoría por la aprobación de acuerdos relacionados con la detención de migrantes venezolanos en El Salvador, la revocatoria de la licencia de Chevron en Venezuela por parte del gobierno de EEUU, el llamado a elecciones por parte del Poder Electoral y otros temas como la canonización del Dr. Jose Gregorio Hernandez y los 12 años del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez, además del mensaje anual de Maduro del 15 de enero.
“Otra arista que afecta el desempeño de la AN son las negociaciones, hasta ahora con peso bilateral, entre Washington y Caracas, pero las partes se preparan para abrir una negociación con factores políticos opositores incorporados. Hay movimientos asociados a Edmundo Gonzalez y María Corina Machado, se visualizan nombres, actores que pudieran estar inmersos en esas negociaciones que serán más complejas y más duras que las anteriores”, advirtió Trepiccione.
La carta de la reforma constitucional
Además de ser el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez es el representante de Miraflores en las conversaciones directas con el gobierno de Trump. También fue el jefe de la delegación que negoció con la Plataforma Unitaria en México con la mediación de Noruega y firmó el Acuerdo de Barbados en 2023 que suponía el respeto a los resultados electorales del 28 de julio de 2024. A Rodríguez se le ha visto más activo fuera del hemiciclo en su labor negociadora y en ruedas de prensa para rechazar el traslado de 238 venezolanos a una megacárcel de El Salvador y más sanciones internacionales de EEUU, sin fustigar a Trump directamente.
Al aprobarse el plan legislativo 2025, el exministro de Comunicación e Información de Maduro advirtió a los diputados que debían compaginar el trabajo parlamentario con la campaña electoral, en el caso de los que serán candidatos y la evaluación de la reforma constitucional, cuyo proyecto debe ser entregado el 15 de mayo a la AN, por parte de la comisión especial designada por el mandatario.
Pero a juzgar por la “escasez” de notas de prensa en el portal de la AN de 2020, sobre las reuniones de las comisiones legislativas que deben ser los miércoles, el trabajo legislativo no abunda al igual que la información oficial sobre los cambios a la Carta Magna de 1999.
“La reforma constitucional es uno de los movimientos tácticos para proponer una negociación, una herramienta para incorporar porque todo se puede negociar, el cronograma electoral, la reforma. Por ello veremos cómo se irán poniendo los temas en la palestra, con algunos se acelerará y con otros se desacelerará. Son fichas de ajedrez para cuando toque hacer una jugada maestra como lo han sido también los presos políticos”, aseveró Trepiccione.
Advirtió que dichas “jugadas” no se verán claras hasta que se produzca la esperada reactivación de las negociaciones, de las que hasta ahora solo se sabe que hay intentos. De momento, observó, las conversaciones parecen centradas en el tema petrolero y migratorio, pero reiteró que puede variar.
“El ritmo de las decisiones políticas estará atado a cómo vaya evolucionando un nuevo proceso de negociación. Veremos con que se acelerará, que irá más lento, que temas se ponen y cuáles se quitan”, añadió Trepiccione.
Para Aveledo, quizás el chavismo, en lugar de aprobar más leyes polémicas, haga énfasis en su último año en la anunciada reforma constitucional, de la cual, subrayó, se conocen pocos detalles.
“Quizás, en lugar de aprobar nuevas leyes, el objetivo sea establecer un nuevo marco institucional que las contenga” añadió.
En lo que va de 2025, la AN sólo ha sancionado la Ley del Sistema Tributario del Distrito Capital
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En este artículo se analiza la situación política en Venezuela, específicamente en relación con la agenda legislativa de la Asamblea Nacional y las negociaciones internacionales en curso. Se destaca el papel estratégico que juegan las leyes propuestas, así como la importancia de la reforma constitucional como herramienta para posibles negociaciones futuras. La incertidumbre en torno a la evolución de las conversaciones y las posibles implicaciones para el país son aspectos clave a considerar en este escenario político complejo.
