El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha tomado acciones en contra de las primarias opositoras, no para evitar su realización el 22 de octubre como se temía, sino para intentar anular el proceso en el que participaron casi dos millones y medio de personas dentro y fuera del país. Desde que la oposición obtuvo el control de la Asamblea Nacional en 2015 y el gobierno chavista se dio cuenta de que sus adversarios podían ganar elecciones si se unían, el máximo tribunal ha emitido sentencias que han sido criticadas por violar derechos políticos establecidos en la Constitución. El controvertido desacato que la Sala Constitucional argumentó en ese año para anular las competencias del Parlamento, controlado por la oposición calificada mayoritariamente, promete ser repetido, esta vez en contra de los actores políticos en torno a la candidatura presidencial de María Corina Machado. Esta denuncia sobre el uso político del sistema judicial en Venezuela y la falta de autonomía del Poder Judicial vuelve a estar en el centro de atención. Veamos las decisiones más polémicas del máximo tribunal que han afectado a la oposición en procesos electorales.
Suspensión de las primarias
El ex candidato presidencial de 2018, Luis Ratti, presentó un recurso de amparo ante el TSJ el 30 de mayo contra la Comisión Nacional de Primarias por supuestas violaciones a las leyes en la organización del proceso para elegir al candidato presidencial de la oposición. Sin embargo, este recurso fue archivado después de que se firmara un acuerdo sobre derechos políticos y electorales en Barbados entre el gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática. A pesar de esto, el poder político continuó mostrando desconfianza hacia el proceso electoral de sus adversarios y finalmente actuó en contra de las primarias a través de la Sala Electoral del TSJ. El 30 de octubre, la sentencia número 122 ordenó la suspensión de «todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral llevado a cabo por la Comisión Nacional de Primarias», alegando supuestos actos inconstitucionales e ilegales. La admisión de un recurso «contencioso electoral» presentado por el diputado de 2020 y disidente de Primero Justicia (PJ), José Brito, ante el TSJ, hizo posible esta sentencia. Brito se unió a las voces del chavismo que, desde el presidente Nicolás Maduro hasta otros miembros del partido, alegaron «fraude» en las primarias. El Ministerio Público también está llevando a cabo una investigación contra miembros de la Comisión de Primarias. Además, la sentencia ordena a la Comisión Nacional que entregue actas de escrutinio y totalización, cuadernos y papeletas de votación, entre otros documentos, lo que aviva el temor de la llamada «lista Tascón» de 2004. También se ratificaron las inhabilitaciones políticas contra Machado, quien ganó las primarias con 2.253.825 votos, Henrique Capriles y Freddy Superlano. El abogado constitucionalista José Ignacio Hernández advirtió en su cuenta de la red X: «La Sala considerará que cualquier acción basada en la candidatura de María Corina Machado es un desacato al amparo, lo que resultará en medidas penales».
El «Barinazo»
Un recurso de amparo presentado por el ex diputado de la Asamblea Nacional, Adolfo Superlano, el 26 de noviembre de 2021, llevó al TSJ a anular los resultados electorales en Barinas después de las elecciones regionales del 21 de noviembre, en las que el candidato opositor Freddy Superlano de Voluntad Popular (VP) ganó por un estrecho margen. La Sala Electoral del TSJ reconoció la victoria de Superlano (37,60% sobre el candidato del chavismo, Argenis Chávez), pero alegó una supuesta inhabilitación política del también diputado de 2015 que no impidió su inscripción como candidato ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto fue considerado como una maniobra y no tuvo un final feliz en la llamada «cuna del chavismo», ya que el candidato sustituto de la oposición, Sergio Garrido, venció al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Jorge Arreaza. La ONG Acceso a la Justicia reaccionó diciendo: «Además de violar el derecho constitucional a la participación y al sufragio de todos los ciudadanos con derecho a voto en el estado Barinas, el TSJ también ignoró los principios de legalidad y separación de poderes consagrados en la carta magna. El órgano judicial usurpó las funciones que corresponden al árbitro electoral, al resolver que la repetición del proceso para elegir al gobernador en la entidad llanera debería llevarse a cabo el 9 de enero (de 2022)».
El camino allanado para 2020
Según la Constitución, en 2020 correspondía elegir una nueva Asamblea Nacional. Para retomar el control después de la elección de la AN en 2015, el chavismo-madurismo allanó el camino a través del TSJ. Primero, la Sala Constitucional del TSJ declaró la omisión legislativa del Parlamento y procedió, por quinta vez, a designar a un nuevo CNE, necesario para las elecciones parlamentarias de 2020. Así, se designó a Indira Alfonzo como presidenta del CNE, a Rafael Simón Jiménez como vicepresidente y a Tanía D’ Amelio, Gladys Gutiérrez y José Luis Gutiérrez Parra como rectores principales. Gutiérrez fue presidente del TSJ y Alfonzo dirigió la Sala Electoral, y fue su ponencia la que suspendió la proclamación de los diputados de Amazonas y llevó al desacato. Pero eso no fue todo. La Sala Constitucional del TSJ también tomó medidas en contra de los partidos políticos de la oposición y de la izquierda contraria al gobierno de Maduro antes de las elecciones parlamentarias. Los partidos Acción Democrática, PJ, Bandera Roja, Patria Para Todos (PPT) y Tupamaro fueron intervenidos en rápida sucesión. La mayoría de la oposición decidió no participar en las elecciones del 6 de diciembre de 2020, argumentando la falta de garantías democráticas. Como resultado, el partido gobernante de Maduro obtuvo 256 diputados y una oposición señalada como «aliada» conformada en su mayoría por los líderes de los partidos impuestos por el TSJ, con 20 curules. Después de desconocer los resultados de las elecciones, la Asamblea Nacional de 2015 declaró su continuidad a través de una Comisión Delegada. La comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, tampoco reconoció la legitimidad de la Asamblea Nacional de 2020.
Desacato contra la Asamblea Nacional de 2015
El «desacato» contra la Asamblea Nacional elegida en 2015 se aplicó a partir de enero de 2016. La Sala Electoral declaró el desacato después de que la directiva del Parlamento, encabezada por Henry Ramos Allup, juramentara a tres diputados opositores de Amazonas, a pesar de la suspensión de los efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los cargos electos en ese estado. A partir de entonces, el máximo tribunal declaró nulos todos los actos del Parlamento desde su instalación y los futuros, mientras se mantuviera la incorporación de los diputados indígenas. En 2017, el TSJ dio un golpe a la Asamblea
