El fiscal general Larry Davoe informó que el jueves 1 de octubre un tribunal concedió la «libertad plena y sin restricciones» para la activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y otras tres personas vinculadas al caso conocido como «Brazalete Blanco».
Rocío San Miguel recibió libertad plena tras sentencia absolutoria
La información fue difundida por Lavoe en sus redes sociales durante la madrugada de este viernes, donde indicó que la medida tuvo lugar luego de que el Ministerio Público (MP) solicitara «sentencia absolutoria» para estos ciudadanos que enfrentaban un proceso penal, tras haber sido acusados de «participar en la presunta comisión de diversos delitos».
De acuerdo con el fiscal, la petición se fundamentó en un «análisis objetivo de los hechos» y pruebas debatidas en el juicio oral y público —conforme al COPP—, afirmando, además, que el MP debe actuar en «búsqueda de la verdad y en consonancia con el principio de presunción de inocencia» consagrado en la Constitución.
Por otro lado, Lavoe indicó que el tribunal de la causa también condenó a otros 10 ciudadanos involucrados luego de que «acreditara plenamente su participación en los hechos objeto del proceso».
Con esta absolución, reiteró el compromiso del MP con el «debido proceso, la legalidad y el respeto irrestricto de los derechos humanos».
Reacción de Rocío San Miguel
Por su parte, San Miguel detalló que la medida fue sentenciada por el Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo, el cual la declaró «libre de responsabilidad penal respecto de los cargos formulados en su contra».
La activista sostuvo que esta absolución ratifica la declaración que ha hecho desde el primer día de su detención, el 9 de febrero de 2024, de que «es inocente». «Durante este tiempo fueron puestas a prueba mi capacidad de resistencia y el verdadero peso de mis principios», escribió.
San Miguel agradeció a su familia, especialmente a su hija, por su «amor y fortaleza», a la sociedad civil venezolana, a los organismos internacionales, misiones diplomáticas y organizaciones de derechos humanos que la acompañaron durante todo este proceso.
Asimismo, reconoció la ayuda y apoyo de Amnistía Internacional, de Front Line Defenders, de Human Rights Foundation (HRF), de sus abogados Theresly Malave, Juan González, Juan Carlos Gutiérrez y Hector Faúndez; así como al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
«Hoy recibo esta decisión con gratitud, pero también pensando en quienes todavía esperan justicia», afirmó la activista al tiempo que extendió su solidaridad con quienes «continúan enfrentando procesos penales y situaciones de vulnerabilidad».
«La justicia solo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos», expresó.
San Miguel también manifestó su deseo de que las condenas emitidas en este caso contra otros acusados «sean anuladas», al considerar que son «profundamente injustas».
Aseguró que continuará trabajando con la «misma transparencia y convicción» por el «respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y por una Venezuela democrática».
Contexto
La activista y defensora de derechos humanos regresó a Venezuela en mayo con la expectativa de que avance hacia una resolución definitiva de su situación judicial.
En enero de 2026, tras casi dos años privada de libertad, la activista fue excarcelada bajo medidas cautelares, sin que se produjera una libertad plena, incluyendo restricciones como la prohibición de emitir declaraciones públicas o comunicarse con medios de comunicación.
En ese contexto, posteriormente fue trasladada a España en el marco de un proceso de excarcelaciones que también incluyó a otros ciudadanos extranjeros.
Durante ese proceso, el Gobierno de España confirmó su liberación junto a la de otros ciudadanos españoles detenidos en Venezuela, calificando la medida como un “paso positivo” dentro de los esfuerzos diplomáticos para la resolución de casos similares.
San Miguel había sido detenida en febrero de 2024 por funcionarios del Estado venezolano, acusada de presuntos vínculos con una supuesta conspiración contra el Gobierno.
