La reclamación presentada por María Corina Machado ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sido calificada por el constitucionalista y exprocurador del interinato, José Ignacio Hernández, como una acción política.
La candidata presidencial de la plataforma unitaria democrática ha presentado un reclamo contra lo que considera una «inhabilitación inexistente» y busca obtener un amparo cautelar que le permita inscribirse como aspirante en las elecciones presidenciales de 2024.
El abogado de Machado, Perkins Rocha, ha afirmado que acudir al TSJ no implica reconocer la inhabilitación política impuesta por la Contraloría General de la República en junio de este año.
Hernández señala que el TSJ tiene varias opciones para responder a este recurso presentado por la líder opositora. Entre estas opciones se encuentra la de admitir o no la demanda y decidir si protege preventivamente a Machado para permitirle postularse en las elecciones. Sin embargo, advierte que el TSJ, como instrumento de negociación dependiente de Maduro, podría poner trabas procesales y no admitir la demanda.
El constitucionalista también destaca que si el gobierno quiere mantener vivo el Acuerdo de Barbados, el TSJ debería permitir a Machado inscribirse como candidata presidencial.
A pesar de esto, Hernández menciona que las probabilidades de Machado no son buenas y que las estadísticas están en su contra.
Machado y su equipo legal insisten en que su reclamo no reconoce la inhabilitación y explican que acudieron al TSJ dentro del plazo establecido en el acuerdo de Barbados para la revisión de las inhabilitaciones. Su partido afirma que si hay respuesta de la Sala Político Administrativa, se demostrará jurídicamente que Machado goza plenamente de sus derechos políticos.
Antes de Machado, otros políticos como Leocenis García y Daniel Ceballos han solicitado que se levanten sus inhabilitaciones. El TSJ ha pedido a la Contraloría General de la República que les entregue el acto administrativo que les impide postularse a cargos públicos. En el caso de Machado, se ha presentado un reclamo por vía de hecho, que según Hernández no debería tardar más de tres días en recibir respuesta.
En conclusión, el reclamo de María Corina Machado ante el TSJ es considerado como una acción política por el constitucionalista José Ignacio Hernández. El TSJ tiene varias opciones para responder a este recurso, pero se espera que pueda poner trabas procesales y no admitir la demanda. A pesar de esto, Machado y su equipo legal insisten en que no reconocen la inhabilitación y confían en que se demostrará jurídicamente que goza plenamente de sus derechos políticos. Sin embargo, las probabilidades no están a su favor según Hernández.
