El aumento de bonos para jubilados y pensionados ha generado controversia en el país. Édgar Silva, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, ha calificado esta medida como una “política cruel” por parte del gobierno hacia los trabajadores.
Según Silva, el establecimiento del ingreso mínimo integral indexado para jubilados en 70 dólares y para los pensionados en 25 dólares es parte de una política destinada a desaparecer el salario de los trabajadores.
Esto, a su vez, tendría un impacto negativo en las pensiones del seguro social, las prestaciones sociales y los beneficios por incremento salarial como la antigüedad, las vacaciones y el proceso de profesionalización.
El coordinador del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados también señaló que estas medidas afectan de manera desproporcionada a los trabajadores pensionados, quienes son más vulnerables debido a su edad avanzada y posibles patologías.
Además, Silva advirtió sobre una supuesta “política de privatización” en alimentos y medicinas que se estaría ejecutando desde el año 2013.
Según él, los ingresos de los pensionados y jubilados no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad.
Estas declaraciones han generado debate en la opinión pública, con algunos sectores respaldando la postura de Silva y otros defendiendo las políticas gubernamentales.
Mientras tanto, los jubilados y pensionados continúan enfrentando dificultades para satisfacer sus necesidades básicas con los ingresos actuales.
Ante esta situación, es necesario un diálogo abierto y constructivo entre el gobierno, los representantes de los trabajadores jubilados y pensionados, y la sociedad en general para encontrar soluciones que garanticen un nivel de vida digno para este sector de la población.
La protección de los derechos de los jubilados y pensionados debe ser una prioridad, y es fundamental encontrar un equilibrio que permita asegurar su bienestar económico y social en el futuro.
