Un grupo de abogados de Foro Penal se presentó en el Palacio de Justicia el viernes 19 de enero para obtener información sobre la detención de Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fenatev) en el estado Barinas. Hasta las 7:00 de la noche de ese día, el sindicalista y su hermano José Gregorio Venegas no habían sido presentados ante los tribunales y sus familiares no habían podido comunicarse con ellos, lo cual viola el artículo 44 de la Constitución.
El artículo constitucional establece que toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o persona de confianza, y estos tienen derecho a ser informados sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados de los motivos de la detención y a dejar constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida.
Alfredo Romero, director de Foro Penal, denunció que los familiares no habían tenido comunicación con los detenidos y que no se había confirmado ni siquiera el lugar de detención. A pesar de intentar presentar un recurso de amparo, no se les aceptó. Romero señaló que esta situación constituye una violación a los derechos humanos que debe ser denunciada a nivel nacional e internacional.
Víctor Venegas fue detenido el miércoles 17 de enero por una comisión mixta del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Policía del estado Barinas. Antes de su arresto, Venegas declaró en un video que circuló en redes sociales que su detención era un «secuestro e injusticia». Una hora después de hacerse público el arresto, el Ministerio Público informó que la detención del sindicalista se debió a una conspiración develada contra el pueblo venezolano.
El Fiscal General de la República, Tarek William Saan, indicó que Venegas estaba involucrado en actividades contra la paz de la República y formaba parte de un núcleo que pretendía convertir al estado Barinas en epicentro de acciones violentas.
Esta situación de detención sin presentación ante los tribunales y sin comunicación con los familiares, constituye una violación a los derechos humanos que debe ser investigada y denunciada.
