El Ministerio Público ha anunciado la detención de un defensor público y un fiscal nacional por su presunta conexión con una peligrosa banda criminal. Según el fiscal general, Tarek William Saab, los funcionarios colaboraban y mantenían comunicación con Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO). Aunque no se han revelado detalles sobre la banda criminal en cuestión, el MP ha recibido fotos y videos que demuestran la relación de los detenidos con dicha organización.
Renny Amundaraín, exfiscal 94° nacional, y Adys Salcedo, exdefensor público, eran considerados hombres de confianza en el sistema judicial venezolano. Amundaraín estuvo involucrado en casos polémicos como el asesinato del capitán Rafael Ramón Acosta Arévalo, el caso Carlos Lanz, la muerte del general Raúl Baduel y la investigación contra Javier Tarazona. También fue responsable de investigar las agresiones sufridas por la exdiputada Delsa Solórzano el año pasado.
Además, se ha señalado que Amundaraín apresó y procesó al periodista Nicmer Evans, persiguió a periodistas y mantenía relaciones con líderes negativos de varias cárceles en Venezuela. Por su parte, Salcedo era uno de los funcionarios de confianza del defensor público nacional y se le atribuye haber impedido la designación de defensa privada en casos como el de los acusados del caso Gedeón y el preso político Víctor Venegas.
Estas detenciones han generado gran controversia y preocupación, ya que los funcionarios detenidos tenían acceso a información sobre las mafias de corrupción del sistema de justicia. La investigación en curso buscará determinar la participación de los detenidos en los delitos de retraso u omisión intencional de funciones, obstrucción a la administración de justicia y asociación para delinquir.
En resumen, la detención de estos dos funcionarios del sistema judicial venezolano por su presunta vinculación con una banda criminal ha generado gran conmoción en el país. Se espera que la investigación revele más detalles sobre su participación y las consecuencias que esto pueda tener en la administración de justicia.
