La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la representación del excandidato presidencial Henrique Capriles solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una sentencia contra el Estado venezolano por las supuestas violaciones a los derechos del político durante las elecciones de 2013.
Según el representante de Capriles, Ramón Medina, están buscando una decisión ejemplar contra las conductas indebidas e ilegales del Gobierno venezolano en los procesos electorales, que incluyen la indebida intervención, la presión sobre funcionarios públicos, la presión sobre los ciudadanos comunes y la violencia en los centros electorales. Estas conductas atentan contra las elecciones libres, justas y democráticas.
Medina también espera que la sentencia de la CorteIDH sirva como una guía o código de conducta sobre cómo debe comportarse un Gobierno democrático en un proceso electoral.
En la audiencia de la CorteIDH, a la cual el Estado venezolano no envió representantes, se discutió el caso. Capriles no participó debido a asuntos familiares, pero presentará una declaración por escrito sobre el caso. Medina afirmó que la ausencia del Estado en la audiencia muestra que no tiene razón en el caso y que no quiso exponerse a un debate.
El caso se refiere a las supuestas violaciones de los derechos políticos, la libertad de expresión, el principio de legalidad y la protección y garantías judiciales en perjuicio de Henrique Capriles durante su participación como candidato presidencial en las elecciones de 2013, en las que perdió por escaso margen contra Nicolás Maduro.
La demanda presentada por la CIDH ante la CorteIDH señala que, una vez finalizada la votación y el recuento digital de votos el 14 de abril de 2013, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Nicolás Maduro como ganador con el 50,61% de los votos, frente al 49,12% obtenido por Capriles. Capriles solicitó una auditoría completa de los votos, pero su solicitud fue rechazada. Los recursos planteados ante el Tribunal Supremo de Justicia también fueron rechazados y Capriles fue multado por ofender al Poder Judicial.
La demanda argumenta que en Venezuela existen obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos y no hay garantía de independencia del CNE, lo que afecta la protección de los derechos políticos. Además, se alega que el uso de recursos y medios públicos para la campaña presidencial de Maduro generó una ventaja indebida frente a los demás candidatos. También se menciona la posible vinculación política de algunos miembros del Tribunal Supremo de Justicia con otras partes del proceso.
La representación de Capriles solicita medidas de reparación y de no repetición y afirma que la multa impuesta al excandidato por interponer un recurso ante el TSJ constituyó una violación a su derecho a la libertad de expresión.
Después de la audiencia, las partes tienen un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y luego la CorteIDH podrá emitir una sentencia en los próximos meses.
