La activista Rocío San Miguel, fundadora de la organización Control Ciudadano, fue detenida y desaparecida en Venezuela, lo que ha generado preocupación entre los defensores de los derechos humanos. La detención ocurrió el viernes 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía, mientras San Miguel se disponía a abordar un vuelo. Después de 24 horas de incertidumbre, la organización no gubernamental Provea confirmó la información sobre su detención y desaparición el sábado 10 de febrero.
Rocío San Miguel es reconocida por su labor en el análisis de temas de seguridad nacional y su expertise en seguridad, defensa y la Fuerza Armada Nacional. Durante más de una década, ha sido víctima de hostigamiento estatal, pero ha continuado con su trabajo en el territorio, promoviendo investigaciones y el acceso a información sobre seguridad ciudadana.
La detención de San Miguel ha generado una alerta mundial entre los defensores de los derechos humanos. Erika Guevara Rosas, directora de investigación de Amnistía Internacional, lanzó una alerta urgente sobre esta detención arbitraria, que sigue el patrón de acoso contra miembros de organizaciones de la sociedad civil en Venezuela.
Distintas organizaciones de derechos humanos han condenado la detención de San Miguel y han exigido información sobre su paradero. Provea afirmó que San Miguel ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano, lo que evidencia el cierre del espacio cívico y la represión a las voces críticas. Civilis, otra reconocida organización de defensa de derechos humanos en Venezuela, también ha exigido saber el paradero de San Miguel.
Hasta el momento, se sabe que Rocío San Miguel fue impedida de abordar un vuelo el viernes 9 de febrero debido a una alerta en su contra. Desde entonces, no se ha tenido ninguna información sobre su paradero y sus abogados y familiares no han sido informados oficialmente. Las autoridades venezolanas no han dado a conocer ninguna información sobre la detención de San Miguel, incluso después de más de 24 horas del suceso.
La detención y desaparición de Rocío San Miguel representa un grave ataque contra las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. Los defensores de los derechos humanos exigen respuestas y acciones por parte del gobierno para garantizar la seguridad y protección de los activistas en el país.
