Tarek William Saab, el fiscal designado por la Constituyente de 2017, confirmó el 11 de febrero la detención de la abogada y activista Rocío San Miguel. Según Saab, San Miguel está presuntamente vinculada a un supuesto plan conspirativo contra el gobierno de Nicolás Maduro, el cual el chavismo ha denunciado desde enero de 2024.
En un comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social X, Saab informó que San Miguel fue detenida en virtud de una orden de aprehensión en su contra, por estar presuntamente relacionada con el plan llamado Brazalete Blanco, que tenía como objetivo atentar contra la vida de Maduro y otros altos funcionarios, así como atacar varias unidades militares en San Cristóbal y otras entidades del país.
Saab señaló que las investigaciones continúan recabando pruebas de personas relacionadas con estos graves hechos dentro y fuera del país. Sin embargo, no ofreció mayores detalles sobre el caso ni informó dónde se encuentra detenida San Miguel, quien es directora de la ONG Control Ciudadano y cuenta con una medida cautelar de protección por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Varias organizaciones nacionales e internacionales han exigido conocer el paradero y la situación actual de San Miguel. Defensores de derechos humanos han advertido que esta detención forma parte de las medidas de amenaza, persecución y hostigamiento que buscan limitar el trabajo de la sociedad civil.
La confirmación de la detención de San Miguel por parte de la Fiscalía fue publicada dos días después de que la abogada fuera detenida en el aeropuerto de Maiquetía el 9 de febrero. Desde la noche del 10 de febrero, ONG y activistas denunciaron su desaparición y exigieron al gobierno una respuesta. Amnistía Internacional y la ONG venezolana Provea han pedido la liberación inmediata e incondicional de la defensora.
Las circunstancias en torno a esta detención han generado preocupación y han llamado la atención de múltiples organizaciones, tanto nacionales como internacionales. La sociedad civil ha expresado su solidaridad con Rocío San Miguel y ha instado al gobierno a respetar los derechos humanos y garantizar un proceso legal justo.
