Rocío San Miguel, activista de derechos humanos, se encuentra bajo solicitud de privativa de libertad después de cuatro días de su detención, según informó el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab. Sin embargo, los abogados de San Miguel han alertado que no se le ha respetado su derecho a la defensa y continúa incomunicada.
Durante la audiencia, los abogados de San Miguel destacaron que no contó con defensores de su confianza, lo cual viola el derecho a la asistencia legal establecido en el artículo 44 de la Constitución. Hasta el momento, la defensa técnica no ha podido comunicarse con San Miguel ni con ninguno de sus cinco familiares.
El 12 de febrero, a través de su cuenta en la red social X, Saab reveló que San Miguel fue acusada de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros delitos, en el marco de la trama conspirativa denominada “brazalete blanco” en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, no se especificó el lugar de reclusión ni las condiciones de salud de la abogada.
El equipo legal de San Miguel está realizando gestiones para obtener más información sobre los resultados de la audiencia, ya que Saab mencionó que en ese momento las audiencias de San Miguel y sus familiares estaban en pleno desarrollo.
Además, también se solicitó privativa de libertad para Alejandro González De Canales, expareja de San Miguel, por revelación de secretos políticos y militares, obstrucción a la administración de justicia y asociación. Para los otros detenidos, Miranda Díaz San Miguel, Miguel Ángel San Miguel Sosa, Alberto San Miguel Quigosos y Víctor Díaz Paruta, el Ministerio Público pidió medidas cautelares consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal.
La defensa de San Miguel ha denunciado la desaparición forzada de las personas detenidas, ya que desconocen su paradero. Además, San Miguel lleva 100 horas incomunicada.
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