Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, se discutió la medida de expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) por parte del gobierno de Nicolás Maduro. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, felicitó esta decisión al aprobarse la autorización al Ejecutivo para nombrar un embajador ante el Vaticano.
El gobierno de Maduro, a través de su canciller, Yván Gil, anunció la suspensión de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela y les dio un plazo de 72 horas a sus funcionarios para abandonar el país. Esto fue justificado bajo el argumento de que la ONU se había inmiscuido en asuntos internos al cuestionar el papel de la justicia tras la detención de Rocío San Miguel.
El diputado Julio García Zerpa expresó el respaldo de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) al cese de operaciones de la Oficina de la ONU, argumentando que el organismo internacional había atacado al programa Clap, que busca enfrentar la escasez de alimentos en Venezuela. García Zerpa defendió la decisión, señalando que las críticas de la ONU hacia los Clap eran insolentes y que este programa llega a todos los venezolanos.
El 14 de febrero, Michael Fakhri, relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, expresó críticas hacia el programa de los Clap durante su visita a Venezuela. Señaló incoherencias en la entrega de las bolsas de alimentos y su bajo valor nutricional. Además, mencionó que algunas personas consideran que las bolsas del Clap son negadas a aquellos que expresan opiniones políticas críticas, tratándolas como limosna caritativa y no como una medida para combatir el hambre.
La ONU también ha expresado preocupación por el caso de Rocío San Miguel, activista de derechos humanos acusada de conspiración y traición a la patria por el gobierno de Maduro. La oficina del alto comisionado para los derechos humanos pidió respetar las garantías y el debido proceso en este caso.
Durante la sesión ordinaria, se aprobó un acuerdo en repudio al robo de una aeronave perteneciente a la empresa estatal venezolana Transporte Aerocargo del Sur, por parte del gobierno de Estados Unidos con la participación del gobierno de Argentina. Este hecho desató una crisis diplomática entre Venezuela y Argentina. Los diputados venezolanos respaldaron la decisión del gobierno de tomar medidas para responder a este supuesto robo de un activo venezolano.
En la sesión ordinaria también se destacó el retraso en el inicio de la misma, lo cual llevó al presidente del Parlamento a regañar a los diputados que llegaron tarde. Jorge Rodríguez advirtió que, en caso de reincidencia, se tomarían medidas como descontar la dieta del parlamentario y no permitir su participación en la sesión.
En resumen, durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional se debatió la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por parte del gobierno de Maduro, se expresaron felicitaciones y respaldo a esta decisión, se criticó al programa Clap y se discutió el robo de una aeronave venezolana por parte de Estados Unidos y Argentina. Además, se destacó el retraso en el inicio de la sesión y se advirtió sobre posibles consecuencias para los diputados que lleguen tarde.
