El fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, ofreció detalles sobre la investigación en curso contra la activista Rocío San Miguel, indicando que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH fue suspendida por mencionar desaparición forzada en su caso.
Según Saab, la Oficina estaba al tanto de la detención e imputación de Rocío San Miguel, pero insistieron en hablar de desaparición forzada, lo cual consideró ofensivo y llevó a la decisión de suspenderla por 30 días.
También se mencionó que se solicitaron expedientes no relacionados con derechos humanos, como el caso del asesinato del rapero Canserbero, lo cual fue calificado como sorprendente por el fiscal.
Por otro lado, Saab recalcó que San Miguel no estuvo en desaparición forzada, desmintiendo las acusaciones de la Oacnudh, y cuestionó el papel de defensora de derechos humanos de la activista y su trabajo al frente de la ONG Control Ciudadano.
En una rueda de prensa, Saab presentó pruebas que vinculan a San Miguel con acciones contra la soberanía nacional, como el supuesto plan de asaltar cuarteles, lo que pone en duda su labor como defensora de derechos humanos.
Además, se mostraron evidencias que sugieren que Control Ciudadano era una fachada para actos terroristas contra el Estado venezolano, incluyendo la posesión de mapas con coordenadas de instalaciones militares y zonas de seguridad.
Los abogados de San Miguel informaron que hasta el día domingo 18 de febrero aún no habían podido constituirse como defensa técnica para rebatir los cargos e imputaciones contra la activista, y su hija pudo visitarla en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
