El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, expresó su rechazo ante la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) de desestimar la apelación del Estado y continuar con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En una rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público, Saab afirmó que en Venezuela no se han cometido delitos de lesa humanidad y que el Ministerio Público, junto con los órganos auxiliares de justicia, ha investigado y continúa investigando cada caso de presuntas violaciones a los derechos humanos que han sido reportados.
El fiscal señaló que las denuncias recibidas por la CPI por parte de las víctimas se basan en información obtenida de redes sociales y carecen de certificación, ya que no incluyen los nombres y apellidos de las personas cuyos derechos humanos se alega que han sido violados.
Además, Saab desestimó las denuncias de las víctimas, como el caso de ultraje sexual, argumentando que situaciones simples se están presentando como delitos graves, sin una base sólida de evidencia.
Asimismo, Saab negó la realización de detenciones masivas en Venezuela y rechazó que durante la detención de Rocío San Miguel se haya incurrido en el delito de desaparición forzada, desmintiendo las acusaciones en su contra.
Según Saab, la CPI y otras instancias internacionales están basando sus decisiones en información falsa proporcionada por fugitivos de la justicia, lo cual pone en duda la imparcialidad de las investigaciones.
En relación a las denuncias presentadas ante la CPI, se recibieron 1.827 formularios correspondientes a 8.900 personas, 630 familias y dos organizaciones, todas acusando la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Denuncia de persecución contra Venezuela
El representante del gobierno de Nicolás Maduro denunció una persecución judicial internacional contra Venezuela, mencionando medidas coercitivas unilaterales, el secuestro de bienes y recursos económicos, y otras acciones que considera parte de una conspiración en su contra.
Saab manifestó su descontento con la oficina del fiscal de la CPI y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU por no enfocarse en casos de crímenes de lesa humanidad en otras regiones, como Gaza, y en cambio, centrarse en Venezuela sin pruebas contundentes.
El fiscal criticó lo que considera un tutelaje judicial impuesto a Venezuela, denunciando un trato desigual durante el proceso de investigación en comparación con otros países. Además, Saab cuestionó las solicitudes de expedientes realizadas por la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, asegurando que buscaban revisar casos que no estaban relacionados con crímenes de lesa humanidad.
