Denuncia de abogado Eduardo Torres sobre hostigamiento por parte de funcionarios encapuchados en el Palacio de Justicia.

El abogado Eduardo Torres, conocido por su labor en defensa de los derechos humanos, denunció el 22 de marzo la presencia de funcionarios encapuchados en la entrada del Palacio de Justicia en Caracas. Torres afirmó que estaba detenido en el recinto, pero para el mediodía de ese mismo viernes, la ONG Provea informó que se encontraba en libertad y a resguardo.

«Soy abogado y exijo mis derechos. No pueden estar aquí encapuchados, ¿qué es eso? Soy abogado y parte del sistema de justicia, aquí hay que respetar, tienen que respetar el Estado de Derecho. Encapuchados, cada vez es peor», expresó Torres en un audio enviado vía WhatsApp a las 11:58 a.m.

Torres acudió por la mañana al Tribunal 2° de Control en Terrorismo para solicitar información sobre los dirigentes de Vente Venezuela recientemente detenidos, Dignora Hernández y Henry Alviarez.

El 21 de marzo, el equipo defensor de Hernández y Alviarez denunció desconocer el paradero de ambos, más de 24 horas después de que el fiscal general designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, anunciara su detención.

Exigen fe de vida

Vente Venezuela exigió el 21 de marzo a Saab una fe de vida de Dignora Hernández, solicitud que la Fiscalía aún no ha respondido.

Organizaciones nacionales e internacionales han alertado sobre un aumento de medidas represivas por parte del Estado venezolano de cara a las elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio. Defensores de derechos humanos, incluidos abogados, y políticos han sido perseguidos, hostigados y amenazados en un contexto de reducción del espacio cívico.

Marta Valiñas, presidenta de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, manifestó públicamente el 20 de marzo que «el Ministerio Público sigue operando como parte de la maquinaria represiva del Gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas», añadiendo que los cuerpos de seguridad continúan cometiendo violaciones a los derechos fundamentales de la población.