La decisión de mantener la inhabilitación contra María Corina Machado, no permitir la postulación de Corina Yoris, aceptar la inscripción de candidaturas de manera condicionada, la eliminación de tarjetas electorales y los obstáculos al Registro Electoral, son claras señales de que el poder político en Miraflores no quiere elecciones que pongan en peligro su permanencia, aun al costo de no ser reconocidas internacionalmente.
Además de estas acciones en el ámbito electoral, la aprobación de leyes restrictivas dirigidas a la disidencia política en la Asamblea Nacional (AN) de 2020 también podría formar parte de un plan para cerrar la vía electoral mediante la persecución a la oposición con posibilidades de triunfo, e incluso preparar el terreno para reprimir el descontento por esa permanencia en el poder de manera autoritaria.
Un cerco a la disidencia
Según Carlos Hurtado, excoordinador de Clase Media Socialista, «El gobierno no busca unas elecciones reales y democráticas, solo quiere perpetuarse en el poder controlando el país a través de instituciones sin independencia. La no participación de María Corina Machado era esperada, ya que ella no se prestaría para aceptar resultados manipulados. En contraste, la oposición política ha sido cómplice de esta situación. Después del 28 de julio, es probable que veamos un aumento en la frustración», expresó a Efecto Cocuyo.
En una primera discusión, la AN de 2020, controlada por el chavismo, aprobó la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, lo que ha generado preocupación entre líderes políticos y defensores de los derechos humanos debido a que esta ley podría facilitar encarcelamientos, inhabilitaciones y la eliminación de organizaciones políticas consideradas fascistas.
Esta ley, de ser aprobada, podría justificar más represión y otorgar más poder a los organismos de inteligencia del Estado para intimidar y criminalizar a la disidencia política, afectando a la estructura política de María Corina Machado y a sus seguidores, así como a los medios digitales y comunicadores.
Por otro lado, Diosdado Cabello, segundo al mando en el chavismo, ha insistido en que la oposición no puede cambiar las candidaturas presidenciales inscritas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por nombres nuevos, sino que debe elegir entre los candidatos ya postulados, como Manuel Rosales y Edmundo González Urrutia.
La Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) contradice esta afirmación de Cabello, y el CNE aún no ha definido su posición al respecto.
Además, se espera la aprobación de más leyes que buscan controlar la disidencia, como la regulación y fiscalización de ONG, la defensa de la Guayana Esequiba, entre otras medidas que podrían limitar la participación política y la oposición.
No tiene planteado perder
Según Eustoquio Contreras, exdiputado y exsecretario general del MEP, el gobierno no está preparado para perder elecciones y busca mantenerse en el poder de forma autoritaria, incluso violando acuerdos internacionales. Por otro lado, Carlos Hurtado señala que el gobierno está montando un fraude para perpetuarse en el poder, ignorando las normas electorales y la Constitución.
La oposición ha manifestado su intención de seguir en la ruta electoral, lo que obligaría al chavismo a mostrar su verdadera naturaleza autoritaria o aceptar elecciones con mínimas condiciones. Las negociaciones con mediadores internacionales como Noruega, Brasil y Colombia podrían influir en el desenlace de esta situación.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega ha confirmado su interés en ayudar a encontrar una solución inclusiva a la situación en Venezuela, mientras que los gobiernos de Colombia y Brasil han expresado su preocupación por la falta de transparencia en el proceso electoral y la represión contra la oposición.
En conclusión, el gobierno de Maduro parece estar decidido a mantenerse en el poder a toda costa, incluso recurriendo a medidas autoritarias y represivas. La oposición, por su parte, busca mantener la presión en el ámbito electoral y negociar con mediadores internacionales para lograr elecciones justas y transparentes.
Por ahora descartan la transición
En cuanto a una posible transición política, los expertos consideran que el gobierno de Maduro no está dispuesto a ceder el poder sin garantías de inmunidad y beneficios. Las negociaciones internacionales podrían influir en el desenlace de las elecciones del 28 de julio, pero hasta el momento el chavismo parece firme en su posición de mantenerse en el poder a cualquier costo.
Finalmente, se destaca la complacencia de la administración de Joe Biden y su interés en el petróleo venezolano como factor que ha fortalecido la posición de Maduro en el poder, sin presionar efectivamente por una transición democrática en el país.
