La Unión Europea está en medio de un debate sobre la posibilidad de enviar una misión de observación electoral a los próximos comicios presidenciales de Venezuela, programados para el 28 de julio.
En abril, representantes de los 27 países miembros estuvieron en Caracas, donde se reunieron con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y dialogaron con el entonces candidato presidencial y gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, para discutir el panorama político del país.
En octubre de 2023, la Plataforma Unitaria Democrática de la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro firmaron el Acuerdo de Barbados, solicitando la presencia de observadores internacionales de la Unión Europea, el Centro Carter y el panel de expertos electorales de la ONU para estas elecciones.
Representantes de estos tres organismos se reunieron el mes pasado con el CNE para evaluar el alcance de su observación electoral.
Las advertencias del CNE a los observadores electorales
El presidente del CNE, Elvis Amoroso, señaló que esperan que el trabajo de los observadores no interfiera con el proceso electoral.
Además, Amoroso enfatizó que están dispuestos a proporcionar información y aclarar dudas a los observadores, pero destacó la importancia de respetar la normativa legal venezolana durante su labor.
El portavoz del Alto Representante de Exteriores de la UE, Peter Stano, aclaró que la misión exploratoria que visitó Venezuela en abril estaba evaluando la viabilidad de enviar un equipo completo para las elecciones presidenciales.
La UE observó las elecciones de 2021
La última vez que la Unión Europea envió una misión de observación electoral a Venezuela fue para los comicios regionales y municipales de noviembre de 2021.
Tras ese proceso, la UE emitió un informe que señalaba varias observaciones, incluyendo críticas a la inhabilitación de candidatos opositores, la aplicación de la Ley contra el odio, la falta de sanciones por infracciones durante la campaña electoral y la falta de independencia del CNE respecto a decisiones del Tribunal Supremo de Justicia.
En febrero de 2022, en su informe, la UE expresó preocupación por la Ley contra el Odio de Venezuela, que impone penas de prisión de 10 a 20 años a quienes inciten al odio o la violencia a través de medios electrónicos, destacando la falta de definiciones claras que podrían llevar a la criminalización de discrepancias.
