Esta semana, en la cámara legislativa, la mayoría del chavismo presentó el informe para la segunda discusión de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro. Sin embargo, la promesa de su proponente, Diosdado Cabello, de que sería sancionada el 21 de mayo no se cumplió.
Después de la aprobación de nueve artículos, el diputado del Psuv, Julio García Zerpa, solicitó diferir la discusión para otra sesión, sin especificar el motivo de la petición. La directiva del Parlamento votó a favor de la propuesta y se aprobó.
“Esta ley establece un marco jurídico importante y prevé un régimen que regula las ONG y asociaciones sin fines de lucro. En un país que está siendo asediado por una potencia extranjera como Estados Unidos, se vuelve necesario establecer regulaciones para supervisar cómo las ONG reciben financiamiento y rinden cuentas. Esto es algo normal, ya que en otros países existen mecanismos similares”, justificó Zerpa al inicio de la discusión del proyecto de ley.
Señalamientos a las ONG
Zerpa señaló que las ONG que realizan una “verdadera acción social” no deberían preocuparse por la aprobación de la ley, pero aquellas que, en su opinión, participan en mal manejo de fondos, financiamiento de partidos políticos y actividades terroristas sí deberían estarlo.
En el segundo grupo incluyó a una ONG que recibe financiamiento de la Fundación Simón Bolívar para trasplantes infantiles, dependiente de Citgo y actualmente manejada por sectores de Voluntad Popular (VP). También mencionó a la ONG Convite, dedicada a la atención de personas de la tercera edad, por presuntamente recibir financiamiento estadounidense y manejarlo de manera “irregular”.
“Algunas de estas organizaciones no tienen personalidad jurídica, no están registradas en el Saren, pero reciben cantidades significativas, millones de dólares. Es necesario establecer transparencia y rendición de cuentas. Si las personas declaran ante el Seniat, ¿por qué en nuestro país no existe un marco regulatorio para que informen de dónde provienen los recursos y en qué se emplean?”, agregó.
Detalles de los nueve artículos
En el inicio de la segunda discusión, la ley, calificada por organizaciones pro derechos humanos en Venezuela como “ley antisociedad” por su supuesta intención de restringir el espacio cívico, sufrió cambios desde su título: se reemplazó la palabra “afines” por Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro para definir de manera más específica su alcance.
El nuevo artículo 1 de la ley establece que su objetivo es regular la constitución, registro, funcionamiento y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, como formas asociativas orientadas a la participación de la sociedad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Venezuela.
El artículo 2 excluye de la aplicación de la ley a las ONG cuya constitución y financiamiento estén regidos por leyes especiales. El artículo 3 establece que la ley busca facilitar el ejercicio del derecho a la libre asociación, contribuir a la lucha contra la legitimación de capitales, la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo, entre otros objetivos.
El artículo 9, que fue el último discutido, señala que el Estado promoverá la creación de organizaciones con fines lícitos para participar en la solución de problemas locales y garantizar los derechos humanos, lo que ha sido interpretado como la creación de ONG afines al gobierno con recursos públicos.
Postura de la Alianza Democrática
La bancada de la Alianza Democrática, representada por la diputada Anyelith Tamayo, expresó su apoyo a la aprobación de la ley debido a su participación en el debate en la Comisión de Política Interior. También envió un mensaje de “tranquilidad” a las ONG “que trabajan correctamente en el país”, asegurando que el proyecto de ley “no les perjudica”, ya que se enfoca en la rendición de cuentas del financiamiento que reciben para sus actividades.
“Esta ley no puede ser utilizada para perseguir por razones políticas. Debemos fortalecer el sistema democrático, pero sin ir en contra del derecho a la libre asociación establecido en la Constitución”, concluyó.
