Chile, caso de los cinco del tren de Aragua: La justicia chilena dejó en libertad a 5 integrantes de la temida banda criminal “Tren de Aragua”. Este caso ha puesto al descubierto graves falencias en el actuar del fiscal, la jueza y el mismo Congreso Nacional.
Lo malo del Ministerio Público
Por el lado del Ministerio Público, el fiscal titular de Los Vilos no compareció a la crucial audiencia de revisión de prisión preventiva, enviando en su reemplazo a un abogado asistente evidentemente desinformado del caso. Lo más grave: este asistente ni siquiera intentó una apelación verbal para evitar la excarcelación inmediata de los peligrosos imputados.
Lo malo de la jueza
En cuanto a la jueza de garantía a pesar de estar al tanto de los antecedentes y la gravedad del asunto , decretó la libertad de los imputados usando una cuestionada medida de caución a la que por añadidura le fijo un insólito monto de tan solo 5 millones de pesos chilenos (6 mil dólares norteamericanos). Tampoco tomó medidas para subsanar la notoria falta de preparación del abogado asistente del fiscal, como concederle un receso o fijar una medida sustitutiva acorde al peligro que representan los acusados.
Lo malo del Congreso
Este bochornoso episodio desnuda falencias estructurales en nuestro sistema de persecución penal, que el Congreso no ha sabido o querido solucionar. Fiscalías sobrepasadas y sin recursos suficientes, proyectos de ley estancados para fortalecer al Ministerio Público, un Plan de Fortalecimiento que contempla un número de fiscales a todas luces insuficiente... Los parlamentarios parecen no dimensionar la urgencia de dotar a la Fiscalía de las herramientas necesarias para enfrentar a la criminalidad organizada.
Mientras el Fiscal no cuenta con asistentes preparados, la Jueza no pondera la gravedad de liberar a peligrosos delincuentes, y el Congreso no actúa con decisión para fortalecer el sistema judicial, la delincuencia seguirá ganando la batalla. Y casos indignantes como éste, con miembros del Tren de Aragua paseándose libremente por las calles debido a imperdonables errores y omisiones de las autoridades, lamentablemente se seguirán repitiendo.
La ciudadanía exige y merece explicaciones, pero por, sobre todo, acciones concretas y urgentes. Que este inaceptable hecho sirva como un llamado de atención para que el Fiscal, la Jueza y especialmente el Congreso asuman de una vez por todas su responsabilidad en la lucha contra la criminalidad. La seguridad de todos los chilenos está en juego.
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