28 % de leyes aprobadas por la AN en 2023 están en un “limbo”

Un porcentaje significativo de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional en el año 2023 se encuentran en un estado de incertidumbre legislativa, ya que a la fecha actual de 2024 aún no han sido publicadas en la Gaceta Oficial.

Según la ONG Acceso a la Justicia, esta situación implica que técnicamente dichos instrumentos legales no han entrado en vigencia y no pueden ser exigidos ni cumplidos por las autoridades ni los ciudadanos.

El año pasado, el Parlamento venezolano de mayoría oficialista anunció la aprobación de 14 leyes, sin embargo, una revisión realizada por Acceso a la Justicia reveló que 4 de ellas no han completado el proceso necesario para considerarse vigentes, lo que representa el 28,57% del total.

La organización no gubernamental explica que la Constitución de 1999 y otras leyes establecen claramente que una ley entra en vigencia al ser publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual no ha ocurrido en los casos mencionados.

Una tendencia preocupante

La revisión realizada por Acceso a la Justicia señala que entre las leyes cuyo estado es desconocido se encuentran la Ley Especial de las Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas, la Ley Aprobatoria del Acuerdo entre los gobiernos de Venezuela y Turquía, la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero del Año 2024 y la Ley Especial de Endeudamiento Anual.

Hasta el momento, no se ha informado si Nicolás Maduro ha vetado parcial o totalmente alguno de estos instrumentos, o si los ha promulgado pero no han sido publicados en la Gaceta Oficial por razones desconocidas.

Este tipo de retrasos en la publicación de leyes aprobadas por el Parlamento ha sido una práctica recurrente en los últimos años y sus efectos pueden resultar peligrosos, según la ONG.

Siete años en las sombras

De las cuatro leyes aprobadas en 2023 cuyo paradero se desconoce, destacan la Ley de Presupuesto y la Ley de Endeudamiento, ambas de gran importancia para los ciudadanos al determinar el destino de los fondos públicos en áreas como educación, salud, seguridad y servicios públicos.

Desde el año 2015, las autoridades han optado por no difundir el texto íntegro del proyecto de ingresos y gastos de la nación, lo cual viola normativas como la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y dificulta el control social y fomenta la corrupción administrativa.

La falta de transparencia en la gestión del presupuesto público es una preocupación, ya que impide el adecuado seguimiento y vigilancia de los recursos del Estado, tal como señala Acceso a la Justicia.