Distintos partidos de la oposición han manifestado su preocupación ante la decisión judicial sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio, que ratifica la proclamación de Nicolás Maduro, afirmando que esto fomenta la persecución política en el país. El antichavismo mayoritario y varias organizaciones consideran como fraudulentos los resultados oficiales de estos comicios.
Encuentro Ciudadano expresó que al respaldar la reelección de Maduro por un tercer mandato consecutivo, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está promoviendo el acoso contra el candidato del principal bloque opositor -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia, y la dirigencia de este grupo.
Por otro lado, Voluntad Popular advirtió que esta resolución incrementa la represión y la persecución contra los líderes de fuerzas democráticas, incluyendo a González Urrutia, a quien la PUD reconoce como el «ganador» basándose en el «83,5 % de las actas» que aseguran haber recopilado a través de testigos y miembros de mesa el 28 de julio.
Primero Justicia señaló que la «persecución» contra González Urrutia y María Corina Machado refleja el temor a la expresión popular ejercida en las elecciones. Además, destacaron que la legitimidad electoral no se obtiene a través de decisiones judiciales, sino con auditorías y transparencia.
Los dirigentes de la PUD condenaron el fallo judicial, a pesar de que era esperado, al considerar que el TSJ está parcializado, a diferencia de lo que afirma Maduro, quien defiende su imparcialidad.
El TSJ validó los resultados a solicitud de Maduro, convocando a los 10 ex candidatos, aunque González Urrutia optó por no asistir, argumentando que la verificación no corresponde al Supremo, sino al CNE, que aún no ha publicado los datos desglosados a pesar de que está contemplado en el cronograma.
