El candidato presidencial de la oposición, Edmundo González, no se presentó el 30 de agosto en la sede del Ministerio Público para atender la tercera citación relacionada con la publicación de actas de votación que lo señalan como ganador en las elecciones presidenciales del 28 de julio, con el 67% de los votos.
La citación, firmada por el fiscal auxiliar 36 nacional, Luis Ernesto Duéñez, lo acusa de los delitos de usurpación de funciones, falsificación de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. Se advierte que si no comparece, se considerará en riesgo de fuga y se solicitará una orden de captura.
El abogado defensor de presos políticos, Eduardo Torres, señaló que esta citación refleja la falta de Estado de Derecho en Venezuela, y que la Fiscalía actúa de manera persecutoria en lugar de respetar la Constitución y las leyes penales. Además, cuestionó que no se especifique si González es citado como imputado o testigo, lo que lo deja en un estado de indefensión.
Fiscalía se excede
Según Torres, los delitos imputados por la Fiscalía son inexistentes y forman parte de una persecución política contra González por su supuesta victoria en las elecciones presidenciales. El abogado también criticó la posibilidad de dictar privativa de libertad sin un proceso legal adecuado.
González se ha mantenido resguardado para evitar ser detenido por las fuerzas de seguridad del Estado y ha evitado participar en manifestaciones callejeras. Sin embargo, sigue exigiendo a Maduro una transición política pacífica para facilitar la transferencia de mando en 2025.
Proceso injusto
El coordinador legal internacional de la ONG Foro Penal, Julio Henríquez, afirmó que no hay base legal para detener a González y criticó la falta de un procedimiento justo por parte de la Fiscalía. También señaló que la investigación abierta contra el candidato es arbitraria.
El artículo 292 del COPP establece que un tribunal de control, a solicitud de la Fiscalía, puede ordenar la conducción de un ciudadano para ser entrevistado sobre los hechos investigados. González y María Corina Machado también están siendo investigados por llamar a la Fuerza Armada a respetar la voluntad popular.
