El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un comunicado el día de hoy para informar sobre una medida preventiva privativa de libertad (orden de captura) dictada por el tribunal de primera instancia en funciones de control del área metropolitana de Caracas. En esta orden se incluye al presidente de Argentina, Javier Milei, junto con otros funcionarios de su gobierno, como Karina Elizabeth Milei y Patricia Bullrich, secretaria general y ministra de Seguridad de Argentina respectivamente.
Esta medida fue solicitada por el fiscal Tarek William Saab, quien argumentó que la captura de Milei era necesaria debido al decomiso del avión venezolano-iraní Emtrasur, perteneciente a la aerolínea Conviasa.
El avión ingresó a Argentina procedente de México el pasado 6 de junio de 2022, con una escala en Venezuela, y se dirigía al aeropuerto internacional de Ezeiza. Posteriormente, el 15 de junio despegó hacia Uruguay para cargar combustible, ya que las petroleras en Uruguay no suministraban carburante por temor a sanciones de EE. UU. Ante la negativa de aterrizar en Uruguay, la aeronave retornó a Argentina, donde fue retenida por las autoridades argentinas durante la gestión de Alberto Fernández.
Las acusaciones contra el presidente argentino incluyen delitos como robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir.
Argentina rechaza acusaciones
El Gobierno argentino emitió un comunicado en el que rechaza las órdenes de captura emitidas. Se destaca que el incidente fue resuelto por el Poder Judicial argentino, un poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no tiene injerencia, y que la decisión se tomó en el marco de un acuerdo internacional. Además, se hace hincapié en la separación de poderes y la independencia judicial en Argentina, contrastando implícitamente con la situación en Venezuela bajo el mandato de Nicolás Maduro.
