La Fiscalía venezolana emitió un comunicado este viernes en el que cuestionó el informe presentado por los miembros de la Misión Independiente de determinación de los hechos de la ONU, describiéndolo como información «sesgada», «incontrastable» y carente de «detalles ni evidencias» que permitan su verificación.
Según el Ministerio Público, la Misión, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019, afirmó haber recibido denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos contra personas detenidas tras las protestas por el resultado oficial de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La Fiscalía criticó el informe de la Misión, alegando que está diseñado para «alimentar los ataques contra Venezuela» y que niega las investigaciones, imputaciones y condenas realizadas por el Ministerio Público contra funcionarios que han cometido violaciones de derechos humanos.
Tras las elecciones presidenciales, que dieron la victoria a Nicolás Maduro, se registraron «graves hechos de violencia» que incluyeron la muerte de 27 personas, 195 personas heridas y 486 ataques a instituciones y bienes públicos y privados, según la Fiscalía.
El informe de la Misión también señala la detención de al menos 158 menores de edad tras las protestas, algunos de los cuales sufrían discapacidad y fueron acusados de delitos graves como terrorismo o incitación al odio.
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, denunció una «respuesta represora» orquestada por los más altos niveles civiles y militares del Gobierno, incluido el presidente Maduro, y pidió a la comunidad internacional no normalizar lo que está ocurriendo en Venezuela.