La Asamblea Nacional (AN) de 2020 está en proceso de renovar el Poder Ciudadano, que está integrado por el fiscal general de la República, el contralor general y el defensor del Pueblo, cada uno con un período constitucional de 7 años que ya ha vencido.
En los últimos años, las funciones de estos funcionarios han adquirido una relevancia particular, pero no necesariamente positiva. Organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos los consideran como parte del «aparato represivo» del gobierno de Nicolás Maduro, que busca silenciar a la disidencia política, una situación que se ha intensificado recientemente.
En el caso de la Contraloría General, el actual presidente del Poder Electoral y exdiputado del chavismo, Elvis Amoroso, ocupó el cargo la mayor parte del período (2018-2023) y luego fue reemplazado por el subcontralor Jhosnel Peraza sin un nuevo proceso de designación. Amoroso ha sido reconocido en su puesto por el Parlamento de 2020.
Amoroso, designado por la Constituyente de 2018, junto con el fiscal y el defensor del pueblo actuales, se ha destacado por ejecutar inhabilitaciones políticas contra dirigentes opositores sin respetar el debido proceso, según abogados y activistas de derechos humanos. María Corina Machado es una de las políticas afectadas que se vio impedida de participar en las elecciones presidenciales de 28 de julio.
Su sucesor, un coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ha mantenido un perfil más bajo desde agosto de 2023.
¿Cuál es el balance?
Según Macario González, presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento de 2015, el desempeño de la CGR en los últimos siete años se resume en servir a la persecución de la oposición sin seguir los procedimientos legales y sin investigar la gestión gubernamental o los escándalos de corrupción en empresas estatales.
Por otro lado, las decisiones más polémicas tomadas por la CGR en los últimos años incluyen la exclusión de María Corina Machado de la carrera presidencial y las inhabilitaciones políticas impuestas a diputados opositores en 2015 por supuestas irregularidades administrativas.
Peraza de bajo perfil
El actual contralor Jhosnel Peraza ha mantenido un perfil bajo desde su designación, evitando declaraciones a los medios y limitando su presencia a actos oficiales y redes sociales. Sin embargo, esto no ha impedido que tome decisiones favorables al poder político en Miraflores, como imponer inhabilitaciones políticas a dirigentes de Primero Justicia y alcaldes de la oposición.
Sin el debido proceso
La imposición de sanciones por la CGR sin un debido proceso ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que consideran que se viola el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los afectados.
¿Qué esperar del proceso en la AN de 2020?
En el proceso de renovación de la CGR, se requiere que los candidatos cumplan con ciertos requisitos, como ser venezolanos por nacimiento, tener experiencia en cargos del sector público y ser reconocidos por su honradez y competencia. Sin embargo, Macario González no tiene expectativas positivas sobre este proceso, ya que considera que probablemente se mantendrá la misma tendencia de favoritismo hacia figuras afines al gobierno sin la independencia necesaria.
