Tras los comicios presidenciales del 28 de julio, la Asamblea Nacional (AN) de 2020 instaló una comisión de diálogo para la reforma de las leyes electorales con la convocatoria abierta, según el presidente de dicho Parlamento, Jorge Rodríguez, para los 38 partidos que participaron en la contienda.
El jueves 3 de octubre, la instancia, conformada por diputados de 2020 y representantes de las organizaciones políticas, inició las jornadas de revisiones y designó tres subcomisiones que abordarán los cambios: una que revisará aspectos constitucionales, otra los aspectos legislativos y una técnica electoral.
Al no contar con la participación de la oposición mayoritaria agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática que se mantiene firme en que primero se hagan respetar los resultados electorales de las presidenciales a favor de Edmundo González, según 83,5% de las actas recabadas por los testigos electorales, se anticipa que los cambios al marco legal que rige los procesos comiciales serán producto de un pacto entre el partido de gobierno Psuv y la oposición a la que se tilda de “aliada”.
Se teme una especie de reedición de la llamada “mesita” que condujo a la participación de ese sector de la oposición moderada en las parlamentarias de 2020.
En un encendido discurso ofrecido el 22 de agosto ante la plenaria de la AN de 2020, Rodríguez dejó claro cuál era el objetivo de los cambios legales: impedir que “fascistas”, en alusión a dirigentes opositores, puedan optar por cargos de elección popular en Venezuela.
Esto, en respuesta al desconocimiento por parte de la oposición al triunfo de Nicolás Maduro en las presidenciales, atribuido por el Poder Electoral – sin presentar las pruebas – y a las protestas contra el anuncio de Elvis Amoroso, de los días 29 y 30 de julio.
¿Quiénes atendieron el llamado?
De acuerdo con el analista político y consultor electoral, Aníbal Sánchez, quien participa en la comisión de diálogo y la subcomisión técnica electoral por El Cambio (de Javier Bertucci), 35 partidos de 38 que postularon candidaturas en las presidenciales atendieron el llamado.
Los tres ausentes son la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento por Venezuela (MPV), que respaldaron la candidatura de Edmundo González.
¿Cuáles son los partidos restantes? Soluciones por Venezuela, de Claudio Fermín; Fuerza Vecinal, Avanzada Progresista; Cambiemos, de Timoteo Zambrano; Arepa, de Daniel Ceballos; Conde, de Benjamín Rausseo; Movimiento Ecológico, Min Unidad; DDP, del politólogo Luis Ratti; UNE, Movimiento Republicano, Venezuela Unidad, Primero Venezuela y Unidad Visión Venezuela, además de El Cambio.
También, los intervenidos judicialmente con imposición de autoridades: Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática (AD), Bandera Roja, Copei y Partido Comunista de Venezuela (PCV). No podían faltar los miembros del Gran Polo Patriótico que postularon a Maduro junto al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), ORA, Somos Venezuela, Futuro, Alianza para el Cambio, UPV, Podemos, Partido Verde, Enamórate Venezuela y los igualmente judicializados Tupamaro y Patria Para Todos (PPT).
Resalta además la participación de los partidos Lápiz y Centrados, de los excandidatos presidenciales Antonio Ecarri y Enrique Márquez. Ambos acudieron a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar que se revisara la sentencia de la Sala Electoral que validó el anuncio del Poder Electoral sobre una victoria de Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio, sin que se mostraran las evidencias (actas de escrutinio). Los recursos fueron rechazados.
Intento de mostrar pluralidad
Sobre todo Márquez ha protestado con fuerza que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya proclamado a Maduro como presidente electo sin mostrar las pruebas de ello. Denunció que los resultados electorales leídos por Elvis Amoroso no salieron de la sala de totalización del ente rector.
“Es un intento de mostrar pluralidad, pero la mayor parte del país, que votó por la oposición democrática, no está representada. En consecuencia, no es representativa del país”, señaló el politólogo y experto electoral, Jesús Castellanos Vásquez, sobre la composición de la comisión de diálogo.
Sobre la participación de Centrados en la comisión, el politólogo señaló que parece estar justificado por el hecho de que Márquez tiene meses de haber emprendido una “cruzada institucional” para agotar las vías formales relacionadas con el resultado del 28 de julio, como lo hizo ante el TSJ y ahora ante la AN de 2020.
“Eso ha permitido mostrar, a los venezolanos y al mundo, el nivel de subordinación de las demás instituciones en Venezuela y los objetivos reales que persiguen. Soy de la idea que estas acciones han sido y serán muy importantes”, añadió al respecto.
Los principales instrumentos sometidos a revisión son la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, pero Rodríguez también ha puesto sobre la mesa otras normativas relacionadas con la materia como la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en cuanto a las competencias de la Sala Electoral.
Asimismo, se habla de una propuesta para desarrollar el artículo 130 de la Constitución relacionado con el deber de defender la patria, al que alude mucho al recalcar que quien pida sanciones internacionales contra el gobierno de Maduro no puede ser candidato.
¿Qué dice la Plataforma Unitaria y María Corina Machado?
La Plataforma Unitaria Democrática, la líder opositora María Corina Machado y el exdiplomático, Edmundo González, rechazaron en un comunicado conjunto la convocatoria a un diálogo para reformar leyes electorales por parte de Rodríguez y lo tildaron de “ejercicio de propaganda, sin agenda, sin reglas y sin locación segura para que todos los participantes estén exentos de amenazas y presiones”.
Más allá de las reformas electorales, la coalición que acompañó la candidatura presidencial de González Urrutia señaló que el tema que debería tratarse en un diálogo propuesto son las garantías que tendrán los derrotados en las elecciones presidenciales (en alusión a Maduro) que estén dispuestos a facilitar una salida pacífica del poder.
Enfatizaron que la revisión de las normas electorales no es el centro del problema, sino el cumplimiento y acatamiento de la Constitución y las leyes, comenzando por artículo 5 de la Carta Magna que establece que la soberanía reside en el pueblo y la ejerce a través del sufragio, por lo que el pueblo votó a favor de un cambio el 28 de julio y esa voluntad debe ser respetada.
Otras voces como la de Sánchez y el exrector principal del CNE, Vicente Díaz, sí se inclinan porque las propuestas de reformas electorales de la oposición sean presentadas como constancia de lo que se debe hacer para no abandonar espacios y que el chavismo deberá asumir la responsabilidad de no escucharlas.
¿Qué se espera del proceso en la AN?
Para Castellanos Vásquez, son necesarios cambios en las leyes electorales en Venezuela, pero sostiene que la discusión en un espacio controlado por el chavismo en la AN de 2020 no tiene sentido en un momento en el que existe una violación de la voluntad popular expresada el 28 de julio y se “desmantela” el Poder Electoral al no cumplir con sus funciones e intervenir el TSJ para “validar” el anuncio del supuesto triunfo de Maduro.
Pero reconoce que tiene “sentido práctico” para el gobierno de Maduro al intentar desviar la atención sobre lo ocurrido en las presidenciales, “pasar la página” y amenazar de otra manera a la oposición democrática al advertir que no podrán participar en comicios los “fascistas”.
“¿Qué se espera? ¿Una mejora del marco normativo electoral en Venezuela? Eso no se logrará con esta acción de la AN ¿Mejores condiciones electorales en Venezuela? No es el objetivo de la AN y tampoco se logrará. ¿Desviar la atención de lo ocurrido el 28 de julio? No es posible dada la contundencia de los hechos, aunque es uno de los objetivos”, advirtió el exasesor del Poder Electoral.
Consultado por la prensa el 23 de octubre, sobre si el punto de partida de las reformas electorales debería ser la publicación de las actas de escrutinio del 28 de julio, mesa por mesa, para que tenga legitimidad, Rodríguez ironizó con una conocida canción del salsero Héctor Lavoe: “Es un periódico de ayer”.
Lo que Castellanos Vásquez sí alertó lo que se busca lograr en el Parlamento con mayoría del Psuv en venideros comicios será: cerrar espacios democráticos, limitar aún más el pluralismo político y debilitar aún más al Poder Electoral. Sobre el CNE criticó que hasta ahora haya estado excluido del proceso iniciado en la AN para hacer cambios en el marco legal electoral.
Desde este 21 de octubre, la AN de 2020 inició una consulta nacional para recoger propuestas de reformas electorales por parte de distintos actores políticos, sociales e incluso económicos en las regiones. Sin embargo, una crítica frecuente a los procesos de consulta que se hacen desde el Parlamento es que sólo se convierten en difusión de las propuestas del Psuv en espacios como comunas, consejos comunales y en reuniones con sectores “moderados” de la oposición, por lo que no existe un verdadero debate. Rodríguez prometió que las reformas estarán listas antes del 15 de diciembre.
