Los diputados de la Alianza Democrática Carmen Alicia Calderón, del estado Amazonas, y Ezequiel Pérez, por el Táchira, fueron desincorporados de sus funciones como diputados principales en la Asamblea Nacional (AN) de 2020 después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Las razones oficiales se desconocen, ya que la diputada Calderón ha enviado comunicaciones a la directiva del Parlamento, presidida por Jorge Rodríguez (Psuv), para aclarar la situación, pero no ha recibido respuesta.
De manera extraoficial, se rumorea que esta decisión es una represalia política debido al apoyo que ambos legisladores brindaron a la candidatura del opositor Edmundo González Urrutia en las elecciones pasadas. Calderón, miembro del partido Copei intervenido y liderado por el diputado Juan Carlos Alvarado, prefiere no confirmar ni negar esta versión y solicita una explicación formal sobre el procedimiento y la normativa utilizada para impedirle ocupar su curul.
Según Calderón, asumió el cargo de diputada principal tras el fallecimiento del diputado Nixon Maniglia (AD de Bernabé Gutiérrez) en junio de 2024. Sin embargo, al asistir a la sesión después de las elecciones, se le negó firmar la lista de asistencia y se le impidió participar sin una explicación clara por parte de la seguridad del recinto.
“Guapos y apoyados”
Calderón mencionó que la orden provino de Juan Carlos Alvarado y Bernabé Gutiérrez, aunque admitió que podría haber venido de “más arriba”. Les advirtió a ambos parlamentarios que no son propietarios de los curules y que están violando derechos constitucionales, incluido el derecho a elegir y ser elegido, así como sus derechos como mujer al enfrentar violencia política.
La diputada denunció que su curul está siendo ocupada por el diputado de AD judicializada, Jesús Brito, quien no fue elegido por el estado Amazonas ni reside ni vota en esa región.
Agotará vía judicial
Ante la falta de respuesta de la directiva de la AN de 2020, Calderón considera que ha agotado la vía administrativa dentro del Parlamento y ahora buscará hacer valer sus derechos a través de acciones judiciales fuera del Palacio Legislativo.
