El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ha anunciado la revisión de las medidas de 225 casos de presos políticos detenidos luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, un día después del fallecimiento de Jesús Manuel Martínez Medina bajo custodia estatal en el estado Anzoátegui.
Según Saab, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial han considerado estas acciones enmarcadas dentro del Estado de Derecho, el respeto al debido proceso, la legítima defensa y la garantía de los derechos humanos. Sin embargo, los familiares de los detenidos han denunciado constantemente las dificultades que enfrentan en la defensa de los acusados.
En un comunicado, Saab destacó que se realizó una «revisión profunda de los casos» y se solicitó la revisión de medidas para 225 procesados en relación con los sucesos que conmocionaron al país y que resultaron en 28 fallecidos, cerca de 200 lesionados y 500 bienes públicos y privados destruidos.
Saab no detalla las medidas ni a quiénes beneficiarán
El Fiscal no especificó si se trataba únicamente de adolescentes de entre 14 y 17 años, ni mencionó a los presos políticos que se encuentran en condiciones críticas de salud, como era el caso de Martínez Medina, que era diabético y falleció durante una intervención quirúrgica en un hospital de Anzoátegui, en el oriente de Venezuela, para amputarle ambas piernas.
Según la ONG Foro Penal, hasta el 8 de noviembre hay 1,848 personas encarceladas desde el 29 de julio, de las cuales 69 son adolescentes y 243 son mujeres. En total, la cifra de privados de libertad por motivos políticos asciende a 1,976.
El director-presidente de la organización no gubernamental, Alfredo Romero, denunció la violación del derecho a la legítima defensa, consagrado en la Constitución venezolana de 1999, al impedir a estas personas designar abogados de confianza. Saab afirmó que en Venezuela se respeta el Estado de Derecho, la legítima defensa, la presunción de inocencia y el juzgamiento por los jueces naturales, aunque no ha sido el caso de los adolescentes que se encuentran bajo una jurisdicción penal que no les corresponde por no ser mayores de edad.
Finalmente, Saab criticó a las ONG venezolanas a las que acusó de recibir financiamiento internacional para atribuirse las gestiones de revisión de los 225 casos, algo que negó y afirmó que es una competencia exclusiva del Ministerio Público y el Poder Judicial.
También explicó que han mantenido reuniones semanales con los familiares de los fallecidos y los presos políticos para evaluar los casos.
Para más información, puede consultar el comunicado completo.
