El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó rotundamente la existencia de presos políticos en el país, argumentando que las personas detenidas tras la crisis postelectoral son individuos que han cometido actos violentos, incluyendo agresiones, amenazas y hasta homicidios.
Durante un acto televisado, Maduro enfatizó que aquellos que han sido encarcelados no son presos políticos, sino personas responsables de provocar disturbios, destrucción y muerte. Según el mandatario, en Venezuela prevalece la paz y la vida, no el terror ni el fascismo.
Sin embargo, diversas ONG y organismos internacionales han denunciado un aumento de la represión en el país luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio. La coalición opositora considera fraudulenta la reelección de Maduro, lo que desencadenó protestas y manifestaciones en contra del resultado oficial.
ONG venezolanas, como Provea, han solicitado medidas humanitarias para la liberación de los presos políticos, cifrados en 1.877 según datos del Foro Penal. Estas organizaciones instan a que se permita a estos individuos recuperar su vida y reunirse con sus seres queridos.
A pesar de las recientes liberaciones de detenidos, se han reportado nuevas detenciones de figuras políticas y activistas, como miembros del partido Vente Venezuela, el exconcejal Jesús Armas, el alcalde de Cabimas, Nabil Maalouf, el activista Luis Palocz y el dirigente campesino Carlos Azuaje. La Fiscalía ha justificado estas detenciones acusando a los arrestados de terrorismo, violencia y vandalismo.
En medio de este panorama, la situación de los presos políticos en Venezuela sigue siendo motivo de preocupación para la comunidad internacional, que espera que se respeten sus derechos humanos y se garantice un proceso judicial justo y transparente.
