El Instituto Casla ha alertado sobre un preocupante patrón de desaparición forzada en Venezuela, donde al menos 18 ciudadanos extranjeros detenidos por funcionarios de seguridad del Estado han desaparecido sin dejar rastro. A pesar de estar bajo arresto durante meses, no hay información oficial sobre su paradero, lo que constituye un grave crimen de lesa humanidad según normativas internacionales.
La desaparición forzada implica la privación de libertad de una persona por agentes estatales, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su destino, con el objetivo de aislarla de la protección legal. Tanto la Convención Internacional contra las desapariciones forzadas de la ONU como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional consideran que este acto constituye un crimen de lesa humanidad.
Entre los extranjeros detenidos en Venezuela se encuentran ciudadanos de Colombia, Bolivia, Estados Unidos, Líbano, Ecuador, Uruguay, Perú, España, República Checa y Argentina. A pesar de estar bajo arresto, como en el caso del checo Jan Darmovrzal, las autoridades no han proporcionado información sobre su situación, violando sus derechos y generando incertidumbre sobre su paradero y condiciones de detención.
El Instituto Casla ha denunciado que el Estado venezolano ha adoptado la desaparición forzada como una práctica sistemática y generalizada, manteniendo a civiles y militares detenidos en secreto sin acceso a abogados o atención consular. Esta nueva forma de desaparición prolongada y sin información ha sido calificada como un crimen de lesa humanidad por la organización.
Ante esta situación, se hace un llamado a los gobiernos democráticos y organismos de derechos humanos a condenar esta práctica en Venezuela y exigir la protección de los derechos de las personas detenidas. La falta de transparencia por parte de las autoridades venezolanas dificulta establecer el número exacto de detenidos y su identidad, lo que agrava la situación de violación de derechos humanos en el país.
