La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) del año 2020 aprobó de manera unánime solicitar al fiscal general Tarek William Saab la aplicación de la Ley Libertador Simón Bolívar contra diputados de la AN del período 2015. Esta decisión fue anunciada por el presidente del Parlamento con mayoría chavista, Jorge Rodríguez, durante una sesión en la que se destacó que la AN elegida en 2015 es considerada la única institución democrática vigente en Venezuela.
Rodríguez señaló que los diputados del período 2015-2021 enviaron una carta al jefe de misión de la Oficina Externa de EE. UU. para Venezuela, Francisco Palmieri, en la que expresan que aprobaron un ‘estatuto para la transición’ durante una reunión secreta. Según Rodríguez, esta acción tiene como objetivo asegurar fondos antes de un posible cambio de gobierno en EE. UU., lo que implicaría el acceso a partidas millonarias y activos que consideran le fueron arrebatados a los venezolanos.
La solicitud al fiscal general busca la aplicación de medidas contempladas en la Ley Libertador Simón Bolívar, como la inhabilitación política por hasta 60 años, extinción de dominio y acciones penales establecidas en dicho marco legal. En específico, las medidas solicitadas recaerían en las diputadas Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez.
Rodríguez hizo hincapié en que la reunión secreta de los diputados de 2015 en Miami y su autodenominación como «asamblea vitalicia» son acciones ilegales e inconstitucionales que van en contra de las leyes del país. Por tanto, instó a que se apliquen las penas previstas en la Ley Libertador Simón Bolívar a quienes violan de forma flagrante la Constitución y las normas vigentes.
