La «comisión de diálogo» convocada por la Asamblea Nacional (AN) con mayoría del chavismo se reunió por tercer día consecutivo para discutir las reformas electorales y elaborar un cronograma de los comicios estadales, municipales y parlamentarios programados para el año 2025.
En la reunión del 16 de enero, dirigida por Nicolás Maduro Guerra, primer vicepresidente de la comisión, diputados como Luis Eduardo Martinez y Aníbal Sánchez de la Alianza Democrática indicaron que se proponen realizar las elecciones ordenadas por la Constitución entre los meses de junio a diciembre de 2025.
Se han recibido distintas combinaciones de procesos electorales y fechas propuestas que van desde junio hasta diciembre de 2025. Incluso se contempla la posibilidad de un referendo para someter a votación la propuesta de reforma constitucional anunciada por Nicolás Maduro.
El artículo 298 de la Constitución establece que la ley que regule los procesos electorales no puede ser modificada en el lapso de seis meses anteriores a una elección. Otra propuesta sugiere realizar elecciones de alcaldes, Concejos Municipales, gobernadores, Consejos Legislativos en junio, y las elecciones de la Asamblea Nacional en diciembre, incluyendo la posibilidad de un referendo sobre la Carta Magna.
Maduro ha propuesto separar los comicios de alcaldes y gobernadores, permitiendo que los venezolanos elijan a las autoridades municipales o a los diputados de la Asamblea Nacional en el primer trimestre del año.
A pesar de las denuncias de fraude electoral por parte de la oposición liderada por María Corina Machado y organismos internacionales como la Unión Europea y países como Estados Unidos, Argentina, Chile y Uruguay, Maduro ha llamado a participar en las elecciones de 2025, instando a la oposición democrática a reorganizarse.
La oposición representada en la Asamblea Nacional de 2020, con partidos intervenidos judicialmente y fuera del Parlamento, ha acudido a la convocatoria de Jorge Rodríguez, excluyendo a la oposición mayoritaria encabezada por Machado, que rechaza la celebración de comicios hasta que se respete la voluntad popular expresada en el pasado.
