Un total de 79 países, incluyendo varios de América Latina, se unieron en una declaración conjunta para respaldar a la Corte Penal Internacional (CPI) después de los ataques sufridos por el gobierno de Donald Trump. La corte ha enfrentado desafíos sin precedentes, como medidas de sanción y restricciones financieras impuestas por el gobierno estadounidense en respuesta a su mandato según el Estatuto de Roma.
La declaración, firmada por los países, no menciona directamente a Estados Unidos ni a Trump, quien firmó una orden ejecutiva anunciando restricciones financieras y de visado para individuos de la CPI y sus familiares que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.
Las medidas impuestas ponen en riesgo la lucha contra la impunidad y amenazan el imperio de la ley internacional, así como la confidencialidad de información delicada y la seguridad de afectados como víctimas, testigos y miembros de la Corte. Muchos países latinoamericanos han firmado la declaración, pero países como Argentina, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Paraguay y El Salvador no lo han hecho.
Entre los firmantes se encuentran países europeos como España, Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia y Holanda, así como aliados de EE. UU. como Canadá, aunque faltan países africanos y asiáticos cercanos a Rusia. Trump, al firmar la orden ejecutiva, criticó a la CPI por acciones ilegítimas contra Estados Unidos e Israel, a quienes considera aliados cercanos, y por emitir órdenes de arresto infundadas contra líderes como el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Galant.
