En El Salvador, el Congreso ha aprobado una ley anticorrupción y una reforma del código penal, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción y el delito en el país centroamericano. Esta iniciativa, impulsada por el presidente Nayib Bukele, busca incrementar las penas para delitos como el peculado y la negociación ilícita.
La aprobación de la ley anticorrupción recibió 59 votos a favor y solo uno en contra. Dentro de esta nueva normativa, se establece que los funcionarios públicos deben presentar un informe detallado de sus activos y pasivos anualmente, junto con su declaración de renta. Este informe debe ser entregado al Ministerio de Hacienda y publicado en un plazo máximo de 15 días. Además, la obligación de presentar estas declaraciones se extiende a los hijos y cónyuges de los funcionarios.
En cuanto a la reforma del Código Penal, se han establecido penas más severas para delitos como el homicidio simple, el homicidio agravado, el robo y el robo agravado. Por ejemplo, el homicidio simple puede ser castigado con hasta 35 años de prisión, mientras que el homicidio agravado con más de 60 años. Además, se ha creado un nuevo delito de «dilaciones procesales» que apunta a los funcionarios que obstaculicen de manera indebida los procesos penales o judiciales, con penas de entre cuatro y ocho años de prisión.
Cabe destacar que, a partir del año 2021, en El Salvador los delitos de corrupción no prescriben, lo que significa que incluso los actos cometidos antes de esa fecha pueden ser investigados y sancionados en la actualidad. Estas medidas buscan fortalecer el sistema de justicia y combatir la impunidad en el país.
